La primera recomendación del informe sobre la contaminación de la central de Punta Catalina (República Dominicana) es su cierre inmediato. Así se expone en el estudio que, durante los últimos 6 meses, ha analizado el impacto ambiental de esta instalación, y en el que ha colaborado el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) como consultor externo. Este trabajo se enmarca en la línea de proyectos que el IIDMA desarrolla a favor de la transición energética en América Latina.
El estudio, llevado a cabo por el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y representantes de la provincia Peravia, revela que la contaminación de la central de Punta Catalina afecta a gran parte del territorio dominicano, a todo Haití y al litoral de Cuba y Jamaica. Los principales contaminantes que han alcanzado estas regiones han sido dióxido de nitrógeno y dióxido de azufre, así como cenizas de carbón, ácido y mercurio.
La investigación, realizada con el apoyo del Centro finlandés de Investigación sobre la Energía y la Calidad del Aire (CREA), plantea diferentes escenarios de contaminación con distintos grados de afectación a la salud humana y su respectivo coste económico. Así, el estudio proyecta que, en el peor escenario, en la República Dominicana se producirán 57 muertes prematuras al año, 2.473 muertes prematuras durante los 30 años de vida útil de la central, 13.896 días de baja por enfermedad, que para el año 2051 serán 530.341 días, y 125 años vividos con discapacidades, que alcanzarán 5.399 años en total en el 2051.
El estudio establece que en Haití los impactos son aún mayores, debido a la contaminación transfronteriza provocada por la dirección del viento, la orografía y las condiciones climáticas del país. Allí, la previsión es de 127 muertes prematuras anuales, 4.655 días de baja por enfermedad, y 418 años vividos con discapacidades. El informe asegura que la exactitud de estos números es de 95%.
Como causa de las muertes prematuras, el informe apunta a la diabetes, cardiopatía isquémica, cáncer de pulmón, infecciones de las vías respiratorias inferiores y otras enfermedades no transmisibles. También se cita como efecto de la contaminación una gran incidencia de asma en niños y de nacimientos prematuros o con bajo peso.
Todos estos impactos sobre la salud tienen un coste económico, que incluye las facturas hospitalarias y las pérdidas en la productividad laboral. Se estima que este coste, solo en la República Dominicana, equivale a 7’5 millones de dólares al año. En el peor de los escenarios proyectados, sin embargo, este coste puede alcanzar los 30’1 millones de dólares anuales, lo que equivale a 1.230 millones de dólares en los 30 años de vida útil de Punta Catalina.
“Para salvaguardar el respeto a los derechos humanos, como es el derecho a la salud, es fundamental intensificar la lucha contra el cambio climático y la contaminación atmosférica. El estudio demuestra cómo la salud y la calidad de vida de miles de ciudadanos de República Domincana y Haití está siendo afectada por la central térmica de Punta Catalina. Por ello, urge tomar cuantas medidas sean necesarias, incluyendo programar su cierre”, apunta Carlota Ruiz-Bautista, abogada de IIDMA.
La central a carbón más grande del país, sin posibilidad de reconversión
La Central Termoeléctrica de Punta Catalina es la central a carbón más grande del país, con una capacidad de 752 megavatios. La combustión de este mineral es uno de los principales causantes de gases de efecto invernadero, además de conllevar un gran riesgo de contaminación de otros recursos naturales, como el suelo o las aguas subterráneas.
Frente al planteamiento de sustituir el carbón por gas natural, el informe concluye que esta vía queda descartada ya que, debido a la actual crisis energética mundial, desencadenada por el conflicto entre Rusia y Ucrania, el gas es escaso y su precio es muy elevado.
En consecuencia, el estudio pide el cierre definitivo de la central y sugiere que, para que produzca el menor trauma posible en el suministro eléctrico, en la economía y en la gobernabilidad democrática del país, se efectúe en un plazo de 18 meses no prorrogable, durante el cual el Gobierno deberá reemplazar todos o una gran parte de los 752 megavatios generados por Punta Catalina por energías renovables.
Efectos en la agricultura y la biodiversidad
Además de la contaminación atmosférica, el estudio señala que la gran cantidad de cal que contienen los residuos de Punta Catalina también puede alterar el pH de los suelos, reduciendo la productividad de los terrenos. De hecho, el informe constata que los cultivos de las cercanías de la central ya han sido afectados, especialmente los de papaya, melón y tomates.
Por otro lado, el estudio asegura que la construcción del espigón del puerto carbonero de la central ha cambiado la dirección de la marea y de las corrientes marinas, produciendo la erosión de la costa y la desaparición de la playa de Sabana Uvero de Paya.
Igualmente, el informe responsabiliza a la central de la desaparición de la vida marina al oeste del mencionado espigón, como consecuencia de la sedimentación del fondo del mar con los escombros del embarcadero destruido, de las virutas de carbón que caen de los barcos que lo transportan, y por el vertido de agua caliente al mar a poca distancia de la costa.
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