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Londres, 16 may (EFE).- Más de 180.000 ciudadanos de la Unión Europea (UE) continúan esperando que el Reino Unido tramite su petición para obtener el estatus de "asentado" en el país, que garantiza la continuidad de sus derechos tras el Brexit, indicó este martes Monique Hawkins, directora de la organización The3Million.

En una comparecencia ante el Comité de Asuntos Europeos de la Cámara de los Lores, la responsable del grupo de presión para defender los intereses de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido afirmó que el proceso para analizar las solicitudes está "bloqueado".

"Parece que se han desviado los recursos que se dedicaban a procesar las peticiones", subrayó Hawkins, que estima que al ritmo actual el Gobierno británico tardaría seis años en dar respuesta a todos los solicitantes.

La responsable de The3Million declaró asimismo ante los parlamentarios que los canales de comunicación con el Ministerio de Interior para abordar los problemas que sufren los comunitarios también están "bloqueados".

"Intentamos mantener una comunicación constructiva. Se nos prometió que se establecería un foro de diálogo. Nada de eso ha ocurrido y el Gobierno parece no aceptar que hay problemas generalizados, y no solo fallos puntuales", agregó.

La consejera delegada de la Agencia de Monitorización Independiente (IMA, en inglés), que vela por los derechos de los comunitarios en el Reino Unido, Kathryn Chamberlain, admitió por su parte que los problemas en relación al estatus tras el Brexit afectan a "más individuos de los que se hubiera querido".

Chamberlain puntualizó, sin embargo, que "dado que el número de ciudadanos europeos en el Reino Unido resultó ser mucho mayor de que se esperaba, es ciertamente un éxito significativo haber llegado a donde estamos".

"A pesar de que nosotros, como organización, no hemos recibido un número elevado de quejas, la información que hemos ido recibiendo apunta a diversos problemas que estamos evaluando", agregó.

Jane Golding, copresidenta de British in Europe, que representa a los británicos que viven en países comunitarios, alertó por su parte de que "en general, los recursos dedicados a los derechos de los británicos en la Unión Europea se están reduciendo de manera drástica".

Alegó asimismo que cada vez se están encontrando con "casos más serios y complejos", y que "sobre el terreno, que un ciudadano reciba alguna ayuda real por parte de su embajada correspondiente se ha convertido en un lujo, porque han dejado de dedicarse recursos específicos para ello". 




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