Los Reglamentos establecen normas claras para los casos de divorcio o fallecimiento, poniendo con ello fin al desarrollo de procedimientos paralelos y acaso contradictorios en varios Estados miembros, en relación, por ejemplo, con el patrimonio o las cuentas bancarias. En resumen, aportarán a las parejas internacionales una mayor claridad jurídica.
El vicepresidente primero, Frans Timmermans, ha declarado: «La entrada en vigor de estos Reglamentos es una buena noticia para el creciente número de parejas internacionales que hay en Europa. El objetivo es aportar a miles de parejas europeas seguridad con respecto a lo que sucede con su patrimonio en caso de divorcio o de fallecimiento de uno de sus miembros. Estoy convencido de que estos Reglamentos ayudarán a numerosas parejas europeas a afrontar momentos tan difíciles».
Věra Jourová, comisaria de Justicia de la UE, ha afirmado: «Estas nuevas normas facilitarán y abaratarán el coste de la división del patrimonio común y aliviarán la situación de personas en circunstancias difíciles. Más de dieciséis millones de parejas internacionales podrán acogerse a procedimientos claros en caso de divorcio o de muerte de uno de sus miembros. Podrán ahorrarse unos 350 millones de euros anuales en costas judiciales. Animo a los Estados miembros restantes a que se adhieran a la cooperación en interés de todas las parejas internacionales de la UE.»
La falta de unanimidad entre todos los Estados miembros ha supuesto que solo se apliquen en dieciocho de ellos: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Chipre, Croacia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.
Los nuevos reglamentos:
- aclararán cuál es el órgano jurisdiccional nacional competente para asistir a las parejas en la gestión de su patrimonio o en la división del mismo entre ambos en caso de divorcio, separación o muerte;
- aclararán qué legislación nacional prevalece en caso de que, teóricamente, quepa aplicar las normas de varios países;
- facilitarán el reconocimiento y la ejecución en un Estado miembro de una resolución en materia patrimonial dictada en otro Estado miembro.
Los dieciocho Estados miembros que se han adherido a la cooperación reforzada reúnen al 70 % de la población de la UE y a la mayoría de las parejas internacionales que viven en la Unión Europea. Estos Estados miembros adoptaron los Reglamentos en junio de 2016 en el marco de la cooperación reforzada. Los demás Estados miembros pueden adherirse a ambos Reglamentos en cualquier momento.
Los Estados miembros no participantes seguirán aplicando su legislación nacional (incluidas las disposiciones de Derecho internacional privado) a las situaciones transfronterizas que afecten a los regímenes económicos matrimoniales y a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.
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