La Abogacía española ha reclamado, con motivo de las XXX Jornadas de Extranjería, un mayor esfuerzo de solidaridad ante el aumento exponencial de víctimas de conflictos bélicos y regímenes autoritarios, ha reivindicado la igualdad de derechos de todos los migrantes y ha reafirmado su compromiso con el apoyo jurídico a todos ellos.
“En estos trágicos momentos de la historia de la humanidad, donde las guerras en vez de desaparecer se incrementan brutalmente, la Abogacía Española denuncia todas las violaciones de los Derechos Humanos allá donde se produzcan y apoya jurídicamente a todos los grupos vulnerables reafirmando su compromiso con el derecho humano a la paz y su solidaridad con las víctimas”, dijo la declaración aprobada en las XXX Jornadas de Extranjería celebradas ayer y hoy en Granada.
Durante dos días abogados de extranjería de toda España se han reunido, bajo el lema “Distintos orígenes, mismas jornadas”, en estas jornadas que han analizado los principales retos actuales y han puesto en valor el papel desempeñado por estos letrados. La situación de Ucrania ha tenido un especial protagonismo, pero también se han escuchado testimonios sobre Afganistán, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
“El reconocimiento y la comprensión de todos esos entornos de violación de derechos humanos son fundamentales para los Abogados y para toda la sociedad, porque nos permiten visualizar el verdadero alcance del trabajo de la extranjería y de la protección internacional, y de la absoluta necesidad de solidaridad con todas ellas”, dijo la declaración, que recordó que “la desigualdad económica global, la criminalidad transnacional, los regímenes autoritarios y la guerra son causas de las migraciones forzadas y de la búsqueda de asilo y refugio en el mundo”.
En las jornadas se pidió a los letrados que colaboren con el mecanismo de recogida de pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia puesto en marcha por el Consejo General de la Abogacía para remitirlas a la Corte Penal Internacional. “Supone una contribución de la Abogacía a la defensa del derecho internacional humanitario”, aseguró la declaración que fue leída por Blas Jesus Imbroda, presidente de la subcomisión de Extranjería del Consejo.
En el último día de estas jornadas se analizó el reglamento de extranjería, poniendo de manifiesto los fallos del sistema, como la inaceptable lentitud en la tramitación de los expedientes. “Defrauda todas las expectativas y es irrespetuoso para el ciudadano extranjero”, afirmo Santiago Yerga, director general de Migraciones. El magistrado del TSJ de Castilla La Mancha, Jaime Lozano, fue más gráfico y habló de “situación de derribo” y pidió una ley de extranjería que incorpore las directivas europeas.
En otro de los talleres formativos Mari Cruz Fajardo, directora general de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) analizó el procedimiento de asilo y también el mecanismo de protección temporal activado por primera vez para los ucranianos y que se ha otorgado ya a 60.000 personas (la mayoría mujeres y niños) , según los últimos datos facilitados por Fajardo.
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