• El Libro Verde para la Reforma Fiscal prioriza la lucha contra el fraude en España y propone una fiscalidad competitiva, equitativa y sostenible.
• El Socio de Fiscal, Víctor Isábal, ha participado como miembro de la Comisión de Fiscalidad y Economía.

Un grupo de expertos tributarios de la patronal catalana Foment del Treball ha presentado hoy el Libro Verde para la Reforma Fiscal en España. Un documento exhaustivo que enumera un conjunto de propuestas de reforma tributaria para modernizar la fiscalidad, asimilarla en sus principales indicadores a la de los países miembros de la Unión Europea, y avanzar así hacía una fiscalidad competitiva, equitativa y sostenible.

Víctor Isábal, Socio de Fiscal de Grant Thornton, ha participado como miembro de la Comisión de Fiscalidad y Economía que ha impulsado este libro verde. Este grupo de expertos, del que nuestra Firma forma parte, está integrado también por más de una veintena de prestigiosos profesionales de relevantes empresas de consultoría, bufetes y despachos fiscalistas, además de personas procedentes de la universidad y de la academia; así como por 7 representantes de Foment.

El presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha insistido en que la reforma no tendrá éxito si, al mismo tiempo, no se afronta con máxima prioridad el fraude fiscal. “La economía sumergida en España es similar al 25% del PIB. Es necesario un Plan Estratégico de cuatro años para reducir la economía irregular en 10 puntos (hasta el 15%) en cuatro años. Esto aportaría 33.000M€ en ingresos, y promovería 1,5M de puestos de trabajo. La economía sumergida de España se sitúa unos diez puntos por encima de la media de países como Reino Unido, Francia o Alemania. La solución no es aumentar la presión fiscal a los que cumplen, sino obligar a todos a responder con sus obligaciones como ciudadanos y contribuyentes”.

De este modo, Sánchez Llibre ha incidido en la necesidad no de subir los impuestos, pues se verían gravados aún más las actividades y los sujetos que contribuyen, sino en buscar los mecanismos para que quienes no lo hacen contribuyan de acuerdo con lo que les corresponde. La presión fiscal efectiva – que representa la recaudación en impuestos y cuotas a la seguridad social sobre el conjunto de economía regular- se sitúa en la media de la OCDE, en niveles del 40%, que es justamente el mismo en el que se sitúa la presión fiscal efectiva en el caso de España. Por lo tanto, España tiene un peso relativo igual a la media europea, con respecto de las bases imponibles, y las que verdaderamente contribuyen.

Foment del Treball quiere aportar soluciones a las administraciones públicas, para poner los pilares básicos de una Fiscalidad Competitiva, al servicio de la economía productiva, para generar riqueza, redistribuirla equitativamente, crear puestos de trabajo y contribuir a la financiación del Estado del Bienestar. Considerar que la presión fiscal en España es menor, sólo responde a una lectura simple de las estadísticas. “La fiscalidad es un gran instrumento de política económica, y no un mecanismo para cuadrar las cuentas públicas”, ha señalado Sánchez Llibre. En el mismo sentido, ha puesto como ejemplo las políticas de importantes gobiernos de la UE. “El nuevo canciller alemán, Olaf Scholz, baja la presión fiscal y reduce el gasto público, igual que el presidente Mario Draghi en Italia. Hay que tomar nota”, ha añadido.

En los últimos 10 años (2009-2019), España ha sido unos de los países donde se ha producido un mayor crecimiento de la presión. En concreto ha subido 5,1 puntos del PIB, mientras que la media europea lo ha hecho en solo 2,1 puntos.

El esfuerzo o sacrificio fiscal de España en 2019 (considerando el conjunto de la UE-28 = 100) no se sitúa por debajo de la media -como en el caso de la presión fiscal, ni al mismo nivel que la media de la presión fiscal efectiva (corregida por la presencia de economía sumergida), sino que en este caso la economía española presenta un índice superior a 100, en concreto de 108. Es decir, tiene un nivel de exigencia mayor si se incorpora el concepto de renta relativa por habitante en el análisis del esfuerzo que realizan los ciudadanos para satisfacer las demandas de su hacienda pública.

Administración Pública: más confianza y transparencia

En España se presentan cada año más de 200.000 reclamaciones económico-administrativas. De ellas, se estiman más del 45% (especialmente en materia de sanciones), pero las desestimadas -que se impugnan ante los tribunales- se acaban aceptando en un 20% de casos.

En este contexto, crece la desconfianza hacia la Administración tributaria. Con el ánimo de corregir esta situación y contribuir a crear un clima de transparencia y confianza en las relaciones Administración-ciudadanos, es preciso reforzar la seguridad jurídica y reducir la conflictividad.

Lo que el empresariado y el contribuyente anhelan es un marco de confianza y unas reglas de juego precisas y estables.

Impuesto sobre el patrimonio

En la actualidad existen pocos países desarrollados que mantengan en vigor un impuesto sobre la riqueza neta individual equiparable al Impuesto sobre Patrimonio español. Entre los países que han suprimido recientemente su Impuesto sobre el Patrimonio, se encuentran Austria (1994), Dinamarca (1995), Alemania (1997), Finlandia (2006), Luxemburgo (2006), Suecia (2007) y Francia (2018).

La existencia de una imposición patrimonial penaliza el ahorro- especialmente grave en períodos impositivos con tipos de interés bajos- y puede llegar a ser confiscatorio, implica el encarecimiento del coste de capital de las empresas, y su consiguiente penalización sobre la inversión, la productividad, y el crecimiento económico.

Por estas razones, el Libro Verde propone que se suprima definitivamente el Impuesto sobre el Patrimonio y se establezcan las previsiones legales oportunas para que tampoco pueda ser establecido como impuesto propio por las comunidades autónomas.

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

El Impuesto sobre Sucesiones, a diferencia del Impuesto sobre Patrimonio, es una figura que existe en la mayoría de los países de la OCDE, si bien el peso de la recaudación en España se sitúa muy por encima del promedio de la OCDE. La actual normativa reguladora del Impuesto sobre Sucesiones entró en vigor hace 34 años y las reformas que han sido introducidas durante este período no han sido suficientes para adaptarla al contexto económico y social actual.

Por el contrario, uno de sus principales efectos negativos es la disminución de los incentivos al ahorro y la inversión en la medida en que las transferencias entre generaciones son un elemento importante de ahorro.

El Libro Verde propone el establecimiento de un supuesto de no sujeción, para transmisión de patrimonios inferiores a 1M€, siempre que se transmitan a cónyuge, ascendientes y descendientes de primer grado. Ello impediría que patrimonios reducidos estuvieran sometidos al pago del impuesto.

Se propone, entre otras medidas, podría simplificarse el impuesto mediante la reducción de tramos de la escala impositiva y la aplicación de tipos impositivos que no superaran el 9%, adaptando así la tributación en ISD al promedio de la OCDE. La medida también ayudaría a reducir las diferencias de tributación existentes entre las distintas Comunidades Autónomas que se han venido produciendo dadas las diferencias normativas entre las mismas.

Régimen de la Empresa Familiar

El Libro Verde plantea una exhaustiva reforma fiscal para las empresas familiares en España con el objetivo de igualar su reconocimiento al régimen especial con el que cuentan las empresas familiares en los principales países europeos. Por ejemplo, no existe un impuesto que grave Sucesiones y Donaciones en 20 de los 27 Estados miembros. En 11 de ellos no hay impuesto (Austria, Chequia, Chipre, Estonia, Eslovaquia, Eslovenia, Letonia, Malta, Portugal, Rumania, y Suecia) y en nueve países, la transmisión de la empresa familiar cuenta con un régimen especial. Las empresas familiares en España suponen el 88,8% de las empresas españolas, con una distribución bastante homogénea oscilando entre el 84,4% del País Vasco y el 94,3% de Castilla la Mancha, situándose Catalunya en un 85,6%.

España es el único país de su entorno donde se tiene en cuenta el Patrimonio preexistente del heredero para el cálculo de la cuota tributaria y que los mínimos exentos personales se reservan exclusivamente para las sucesiones, en contra de la práctica habitual de igualar el tratamiento fiscal de las transmisiones inter vivos y mortis causa.

Sobre otros impuestos cedidos: transmisiones patrimoniales onerosas, actos jurídicos documentados y el valor de referencia catastral en Catalunya

El libro Verde propone la rebaja de los tipos impositivos tanto en transmisiones patrimoniales onerosas como en actos jurídicos documentados, en este caso en Catalunya ya que la carga tributaria que están soportando los empresarios y los ciudadanos por sus inversiones en Catalunya es prácticamente el doble de la que están soportando estas mismas personas si su inversión la hacen en la comunidad autónoma de Madrid, y es también superior respecto al País Vasco y Navarra. “Debería corregirse esta situación, en la medida de lo posible”, señala el informe.

También respecto a Catalunya el Libro Verde propone aumentar el factor de minoración del valor de referencia catastral del 10% actual al 20%, y que las adquisiciones (compras) de bienes inmuebles por Patrimonios Protegidos tengan el mismo tipo impositivo reducido que las adquisiciones por personas físicas con discapacidad. Se produce un diferente trato fiscal por omisión en la normativa catalana de la gestión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales onerosas-actos jurídicos documentados que no tiene ninguna razón de ser, cuando toda la normativa fiscal, española o catalana, da un trato especial de exenciones o bonificaciones fiscales en los actos en que intervienen personas con una discapacidad.

IRPF e Impuesto de Sociedades

Respecto al IRPF se proponen reformas concretas a favor de la equidad, la competitividad, el dinamismo económico y para reducir la inseguridad jurídica. Destacan las propuestas para actualizar las tarifas y evitar así incrementar la tributación ante la escalada de la inflación; incrementar la deducción por gastos de enfermedad y la adquisición de vehículos eléctricos; y elevar el límite de la aportación a los planes de pensiones.

Respecto al Impuesto de Sociedades, destaca la propuesta para potenciar los incentivos aplicables a los beneficios no distribuidos o reinvertidos. A fin de incentivar la capitalización de las empresas y la reinversión de los beneficios obtenidos resultaría conveniente potenciar los incentivos actualmente existentes o restituir los que operaron en el pasado y que han sido derogados.

Así, se propone, por un lado, incrementar la actual reducción vinculada a la reserva de capitalización, actualmente referida al 10% del incremento de los fondos propios con el límite del 10% de la base imponible y, por el otro, establecer reducciones específicas para aquellos ingresos obtenidos en el ejercicio y que estén sujetos a reinversión en activos operativos para el negocio y la actividad.

Impuestos medioambientales

Resulta especialmente relevante y necesario llevar a cabo una reforma de toda la fiscalidad medioambiental en España que favorezca el cambio en los comportamientos necesarios, tanto en la generación como en el consumo de energía, para garantizar a futuro la descarbonización de las economías y la reducción de las emisiones contaminantes.