El ministro ha agradecido a los letrados de la Administración de Justicia el magnífico trabajo que han realizado junto a los fiscales para dar cumplimiento al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que recoge la necesidad de calificar las causas penales en sencillas y complejas.
El titular de Justicia ha explicado que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial ha transformado de raíz el marco regulatorio de este cuerpo de funcionarios al atribuirles nuevas competencias como la mediación, introducir un sistema de sustituciones similar al previsto para la carrera judicial, otorgarles un régimen disciplinario propio y prever el derecho a la especialización, entre otras muchas novedades.
Como líneas principales de esta reforma, Rafael Catalá ha destacado el refuerzo integral de sus funciones como titulares de la fe pública judicial y como impulsores y ordenadores en materias como la mediación, la tramitación y resolución de procesos monitorios y en la jurisdicción voluntaria. Además, se refuerzan sus responsabilidades como directores de la Oficina Judicial, lo que les convierte en la máxima autoridad directiva de este órgano.
Pero la clave de bóveda de la reforma de la Administración de Justicia es, en palabras del ministro de Justicia, su transformación tecnológica, en la que de nuevo el cuerpo de letrados juega un rol fundamental. Catalá ha desgranado algunas de las cifras clave de la inversión en modernización tecnológica de la Justicia y sus infraestructuras y equipamientos: en los dos últimos años, 123 millones de euros, con un incremento consecutivo de los presupuestos del departamento.
Esta inversión ha permitido alcanzar objetivos tecnológicos que han generado un gran ahorro para las arcas públicas. Así, los 28 millones de comunicaciones electrónicas realizadas hasta la fecha, que son un 75% del total de las que se producen en nuestro sistema judicial, han supuesto un ahorro de 187 millones de euros en los cinco primeros meses del año tanto para los profesionales como para las sedes judiciales. También se han alcanzado 49.000 comunicaciones de nacimientos directamente desde los hospitales a los registros, lo que ha evitado 294.000 trámites presenciales con un ahorro de 22 millones de euros.
Catalá ha detallado que en las subastas judiciales electrónicas vía BOE, los letrados de la Administración de Justicia tienen un rol fundamental, ya que ordenan el inicio, la publicación de datos, su suspensión y reanudación, con un control exhaustivo de todo el proceso. En las 4.400 subastas de este tipo contabilizadas a día de hoy se ha generado un ahorro de 5 millones de euros en cargas administrativas.
Por último, el ministro ha querido destacar el papel esencial de este cuerpo de funcionarios en el modelo de protección, asistencia y reconocimiento de los derechos de las víctimas del delito llevado a cabo como una prioridad de Estado durante esta legislatura. Medidas como la aprobación de la Ley de Baremo de Accidentes, la ampliación de la justicia gratuita a colectivos especialmente vulnerables, la reforma del sistema de protección de menores, la lucha contra la violencia de género y especialmente la Ley del Estatuto de la víctima del delito, en la que estos letrados desarrollan una función determinante al asesorar a las víctimas y derivarlas a las recién creadas Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito.
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