Tras la publicación de la Ley de Reforma del Texto Refundido de la Ley Concursal, el equipo de expertos de PradaGayoso destaca los principales cambios regulatorios para empresarios y directivos:

1. Los nuevos instrumentos se adaptan al tamaño de la empresa y a las perspectivas de impago generalizado. Las microempresas tienen un procedimiento especial con dos itinerarios alternativos: continuación o liquidación. Por su parte, las compañías de mayor tamaño pueden negociar un plan de reestructuración (figura sustitutiva de los acuerdos de refinanciación) o pueden acudir al concurso de acreedores.

2. El concurso de acreedores se endurece. Todos los concursos implican la apertura de la fase de calificación, en la que se juzga si los empresarios o directivos son culpables de haber llevado a la empresa al estado de iliquidez. Además, existe el riesgo de que determinados acreedores presenten su propio informe de calificación culpable.

3. Se incentiva la negociación extrajudicial entre la empresa deudora y los acreedores. Los planes de reestructuración, a diferencia del concurso, se caracterizan por una intervención judicial mínima. El juez solo interviene al final del proceso para imponer lo acordado (homologación) a los acreedores o socios disidentes.

4. Los socios pueden llegar a perder el control de la empresa. Si se trata de una compañía mediana o grande y se encuentra al borde del impago generalizado (insolvencia actual o inminente), los acreedores pueden arrastrar a los socios e imponer, si lo estiman conveniente, un plan de reestructuración consistente en la venta de la unidad productiva.

5. Más vale anticiparse a los problemas. Las empresas pueden recurrir a los procedimientos de insolvencia con una antelación de hasta dos años con respecto al momento en que prevean que no puedan cumplir con sus obligaciones de pago. A mayor anticipación, mejores perspectivas de reestructuración y menor riesgo de que los socios pierdan el control de la empresa.

6. Surgen nuevas oportunidades de crecimiento empresarial. Se puede gestionar la venta de una unidad productiva preempaquetada (o pre-pack) antes de solicitar la declaración de concurso. El comprador deberá mantener en funcionamiento la unidad productiva durante al menos dos años.

La ley entrará en vigor el 26 de septiembre, si bien el procedimiento especial para microempresas no estará disponible hasta el 1 de enero de 2023