Un total de 27 expertos juristas, magistrados de juzgados de lo Mercantil y de audiencias provinciales y abogados del Estado, se reunirán en Marbella para analizar la situación actual de la Ley Concursal tras la reforma que entró en vigor el pasado 1 de septiembre. La avalancha de concursos que pronosticaban los expertos hace un año se ha consumado tras la puesta en práctica de la nueva legislación, ya que el volumen de solicitudes se ha duplicado en Andalucía en el último trimestre de 2022, al pasar de una media de 270 declaraciones de concurso en los periodos precedentes a un total de 651 entre octubre y diciembre del pasado año. El contexto económico, marcado por la incertidumbre y la inflación de los últimos meses, además del fin de la moratoria concursal y la devolución de los créditos ICO han contribuido aún más a elevar la ya tensionada situación en los juzgados mercantiles. El debate se producirá en el III Congreso de Derecho Concursal de Marbella que tendrá lugar los días 11 y 12 de mayo en la localidad malagueña. Está organizado por la empresa especializada en liquidaciones concursales Trademat, la misma compañía que llevará a cabo la subasta del colegio internado San José de Campillos de Antequera.
“Se ha juntado todo, es lo que llamábamos hace unos meses la tormenta perfecta. Se han dado todas las variables para que produjera una avalancha de concursos, no podía ser de otra manera”, señala el director y cofundador de Subastas Trademat, Luis María Arnaiz. Las anteriores ediciones de este congreso de Marbella, la última celebrada en mayo de 2022, abordaron los detalles del texto legislativo desde la incertidumbre y escepticismo que provocaba su aplicación. En esta ocasión, los expertos en la materia podrán analizar ya los diferentes aspectos de su puesta en práctica a la luz de los más de ocho meses de funcionamiento.
Entre los más de 20 juristas de toda España que intervendrán en el congreso se encuentran cuatro de Andalucía: los magistrados Francisco Javier Carretero Espinosa de los Monteros, del juzgado de lo Mercantil nº 1 de Sevilla; Antonio Fuentes Bujalance (Mercantil de Córdoba); Rocío Marina Coll (Mercantil nº 2 de Málaga); y Pedro Márquez Rubio (Mercantil nº 2 de Sevilla).
A lo largo de las nueve sesiones en las que se estructura el congreso se tratarán asuntos como los efectos de la comunicación del preconcurso sobre los contratos y sobre las ejecuciones, la supresión de la Junta de Acreedores, el incumplimiento culpable del Convenio, el papel de las entidades especializadas y el portal de subastas del Ministerio en la liquidación concursal, los problemas de tramitación de los concursos sin masa, el Procedimiento Especial para Micropymes, la homologación judicial de los Planes de Reestructuración, los ERTEs o el problema del Crédito público en el procedimiento concursal. “Para las insolvencias de las micropymes, que representan más del 95% de las empresas españolas, la ley ha obviado la figura del administrador concursal y ha trasladado al deudor la compleja tarea de realizar la gestión con el juzgado a través de formularios, algo que hay que analizar cómo está afectando”, apunta Luis María Arnaiz.
Incremento previsto
Las solicitudes concursales se incrementaron en Andalucía un 28,2% el año pasado con respecto al ejercicio anterior. Pero esta subida no se produjo de manera sostenida, sino que es en el último trimestre del año cuando las peticiones se dispararon, duplicando las cifras de los periodos anteriores. Así, en la comunidad registraron 1.438 concursos de acreedores en 2022, pero casi la mitad de ellos, 651, se produjeron apenas entre octubre y diciembre. Una tendencia parecida se observa también en el conjunto del país, donde las solicitudes subieron de media un 19,8%. Todas las comunidades autónomas apuntaron más concursos que el año anterior, según la estadística que elabora el Colegio de Registradores de España.
Por provincias, Jaén (4,5%) y Málaga (11,5%) son las que anotaron una subida menos acusada, mientras que en Huelva el incremento superó el 80%. En mayor o menor medida, los concursos aumentaron en las ocho provincias andaluzas.
Los concursos de acreedores ya experimentaron una subida en 2021 después del parón de la pandemia, pero la finalización de las medidas para paliar sus efectos, como la moratoria concursal, la prórroga de los ERTE y del plazo para la devolución de los créditos ICO han acrecentado el impulso. Todo ello, en un contexto de incertidumbre económica e inflación, han elevado aún más la tensión en un ámbito ya alterado por la entrada en vigor de la reforma de la ley concursal. Los expertos vaticinaban una avalancha de solicitudes en el último tramo de 2022 que las estadísticas han confirmado.
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