Bruselas, 27 jun (EFE).- La Unión Europea (UE) adoptó este martes una legislación para facilitar el acceso a las pruebas electrónicas entre las autoridades judiciales y policiales de distintos países miembros, en el marco de la investigación y el enjuiciamiento de ciertos delitos.

La nueva normativa permitirá la transferencia, entre otros documentos digitales, de correos electrónicos, mensajes de texto y datos de tráfico, precisó el consejo en un comunicado.

El ministro sueco de Justicia,Gunnar Strömmer, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE, indicó que la nueva normativa adoptada (un reglamento y una directiva) es "un paso crucial para luchar contra la delincuencia en la UE".

En adelante, las autoridades judiciales podrán solicitar pruebas electrónicas directamente a los proveedores de servicios, incluidas las empresas de telecomunicaciones o las redes sociales con sede en otro Estado miembro.

Los proveedores de servicios estarán obligados a responder a la petición de prueba electrónica en un plazo de diez días o de 8 horas en casos de emergencia.

Para poner en práctica esta legislación, los proveedores de servicios en la UE deberán designar un representante legal o un establecimiento al que las autoridades judiciales enviarán sus órdenes de pruebas electrónicas.

Además, la nueva legislación crea una orden europea de conservación, para evitar que se eliminen las pruebas.

Tanto el establecimiento designado o representante legal como el prestador de servicios podrán ser considerados responsables en el caso de no cumplir con las órdenes.

Por su parte, los Estados miembros deberán establecer sanciones para los casos de incumplimiento.

Esos proveedores almacenan los datos de los usuarios en servidores que pueden estar ubicados en varios países, tanto dentro como fuera de la UE, lo que dificulta a las autoridades judiciales recopilar pruebas electrónicas.

En más de la mitad de las investigaciones penales en la UE se realiza una solicitud transfronteriza para obtener pruebas electrónicas.

El comisario de Justicia, Didier Reynders, señaló en un comunicado que "con esta legislación, los investigadores de la Unión finalmente tendrán medios eficientes y fiables para obtener pruebas electrónicas rápidamente, dondequiera que se encuentren".

Bruselas propuso este paquete legislativo en 2018, introduciendo una nueva forma de cooperación judicial basada en el reconocimiento mutuo.

Las nuevas normas entrarán en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.

El reglamento empezará a aplicarse tres años después y la directiva deberá ser adaptada por las autoridades nacionales en el plazo de dos años y medio.