El proyecto de Ley de protección, derechos y bienestar de los animales acaba de iniciar su tramitación parlamentaria. Un punto que ha suscitado amplio rechazo y alarma social es la posibilidad de que esta normativa excluya a los perros utilizados en actividades específicas como por ejemplo la caza, el pastoreo o la seguridad. Diversos colectivos, tanto relacionados con la protección animal como de otros ámbitos, se han movilizado para evitar esta discriminación.
Entre ellos, operadores jurídicos de toda España se han unido para mostrar su desacuerdo y explicar por qué la enmienda presentada para excluir a estos animales de una ley que pretende garantizar unos niveles de protección básica para todos es un grave error, no solo ético, sino también legal. Entre los firmantes del manifiesto se encuentran asociaciones de abogados, despachos y profesionales de los diversos Colegios de la Abogacía del país, así como de la judicatura, procuradores y agentes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. "Desde el punto de vista jurídico, debemos alertar de que esta exclusión resulta a todas luces injustificada y gravemente distorsionadora del ordenamiento actual, por lo que debe ser tajantemente descartada", señalan en su escrito enviado a los grupos parlamentarios.
Una discriminación inaceptable
Las diferentes normativas y leyes con las que organizamos nuestra convivencia deben regirse por los principios de unidad, integración y coherencia, algo que garantiza la seguridad jurídica. "Ni el derecho internacional, ni el derecho comunitario, ni el Código Civil en su consideración de seres sintientes, ni el Código Penal en la tipificación de su maltrato y abandono como delitos, ni la profusa normativa administrativa... ninguna ley desprotege a los perros con la técnica de la discriminación", alertan los expertos.
Los perros como especie se consideran legalmente animales de compañía, y como tales están amparados por normativa que establece qué atenciones deben recibir, qué obligaciones tienen sus titulares y qué conductas están prohibidas. "Con arreglo a este marco normativo, no cabe de ninguna manera dejar fuera de tal mínima protección a un perro cuando es empleado para una determinada actividad".
Nada que temer para aquellos que cuiden de sus animales
Las entidades y profesionales firmantes recuerdan que las actividades con perros no estarán prohibidas y que aquellas personas que tengan a sus animales en condiciones adecuadas no deberían sentirse amenazadas por esta ley. Los perros usados para fines humanos suelen, además, estar expuestos a peligros específicos, y en muchos casos a riesgos mayores que los perros de familia, por lo que, en todo caso, necesitarían de una protección mayor, nunca menor.
"Excluir a estos perros de la ley es una medida innecesaria y, sobre todo, injustificada, sin argumentos fácticos ni jurídicos que la sustenten", concluyen. "Si prestan a sus perros la debida atención y cuidados, acorde con las necesidades de su especie, no deberían tener nada que temer".
La enmienda propuesta, que dejaría desprotegidos, entre otros, a los perros utilizados para actividades cinegéticas, revela una desafortunada capitulación por parte de algunos legisladores a la presión ejercida por el lobby de caza. Y ello a pesar de que este colectivo no solo no representa la voluntad y sentir de la mayoría del país, sino que incluso cada vez cuentan con un mayor rechazo en el “mundo rural”, al que manifiestan representar. Un rechazo reflejado en el gran número de misivas de entidades y personas de zonas rurales que han expresado asimismo su oposición a esta enmienda.
Con este manifiesto, las entidades y profesionales firmantes urgen a todos los grupos parlamentarios a, en coherencia con nuestra legislación, "rechazar cualquier enmienda dirigida a excluir a los perros utilizados para actividades específicas y profesionales de este proyecto de ley".
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