El derecho administrativo es una materia compleja, lo cual hace que no sea extraño que surjan dudas con respecto a su aplicación dentro de los procedimientos en los que la Administración pública se ve envuelta. Es entonces cuando entra en juego el principio in dubio pro actione, que beneficia directamente a los administrados.

Qué es el principio in dubio pro actione en el derecho administrativo

“En caso de duda, a favor de la acción” es el significado literal de esta locución latina. Se trata de una regla jurídica vinculada con el principio de economía procedimental. Si surgen dudas a la hora de resolver un procedimiento administrativo, se debe aplicar la interpretación que más favorezca los derechos de los interesados.

Dicho de otra manera. Si aparecen dudas en el procedimiento, se da prevalencia a la intención que se ha tenido con su interposición. Este principio no está expresamente recogido en las Leyes, pero sí ha de regir el funcionamiento de la Administración, como forma de proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva recogida en el artículo 24 de la Constitución.

Lo que busca es garantizar que haya una decisión sobre el fondo del asunto a nivel administrativo, a pesar de que existan defectos formales o de tramitación.

La jurisprudencia, por su parte, sí lo tiene en cuenta a la hora de ponderar intereses en conflicto. Así, por ejemplo, lo recoge expresamente el Tribunal Supremo en una sentencia de 27/03/2002 en la que se indica por la opción más favorable al interesado:

Pero precisamente porque hay duda sobre la solución que debe prevalecer en este pleito, tenemos que inclinarnos por abrir al recurrente la posibilidad de hacer valer su derecho a obtener un pronunciamiento sobre el fondo. Así nos lo impone la necesidad de hacer valer el antes citado principio in dubio pro actione, que vincula a nuestra Sala, y a cualquier otro Tribunal de justicia, con la misma fuerza que vincula cualquier norma positiva, a la hora de resolver el desconcertante problema creado por la Administración y que solo a ella es imputable. Porque tampoco puede olvidarse que la jurisdicción contencioso-administrativa tiene encomendada específicamente (es la única jurisdicción mencionada nominatim en la CE) controlar la totalidad de las manifestaciones del actuar de las Administraciones públicas (art. 106 CE), y ese actuar debe adecuarse no solo a la ley sino también al derecho (art. 103 CE) el cual es previo a ella, pues es el derecho el que sustenta y vivifica a la ley, y no al revés. Y de ese derecho forman parte los principios jurídicos, estén o no positivizados. Y uno de esos principios no positivizados, pero descubierto hace años por la jurisprudencia es precisamente el in dubio pro actione (que no debe confundirse con el in dubio pro reo), implícito en la regla del artículo 24 de la Constitución: derecho a una tutela judicial eficaz. (Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso-administrativo, Sección 6ª, Sentencia de 27 Mar. 2002, Rec. 7073/1999)

Cuáles son sus características

El principio pro actione se aplica cuando hay incertidumbre sobre la interpretación de normas administrativas o en la resolución de conflictos en materia de derechos y garantías de los ciudadanos frente a la Administración pública.

Entre sus características más relevantes hay que destacar:

Fomenta la actividad administrativa

Incentiva a la Administración a actuar en beneficio del interés general y los derechos de los ciudadanos, incluso cuando existe incertidumbre normativa o interpretativa.

Facilita el acceso a la justicia

Asegura que, en caso de duda, los ciudadanos puedan acceder a la vía judicial para la defensa de sus derechos. Promoviendo una interpretación favorable a la acción o reclamo del administrado.

Protege los derechos fundamentales

Favorece la interpretación que mejor protege los derechos fundamentales de los ciudadanos. Garantizando con ello la tutela efectiva de los mismos.

Promueve el principio de legalidad

El in dubio pro administrado refuerza el principio de legalidad, porque, en caso de duda, se prefiere la acción administrativa que tiene como finalidad aplicar y garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos de los ciudadanos.

Garantiza una administración eficiente

Sirve como apoyo a una actuación administrativa, proactiva y eficaz, evitando que la incertidumbre normativa o interpretativa se pueda convertir en causa de paralización de los procedimientos.

Esto evita dilaciones indebidas en la toma de decisiones administrativas que afectan a los derechos o intereses legítimos de los ciudadanos.

Ejemplo del principio in dubio pro actione

Juan presenta ante el ayuntamiento de su ciudad toda la documentación necesaria para obtener un permiso de construcción y levantar un edificio en una zona urbana.

Según la normativa urbanística aplicable, en algunas zonas la altura máxima permitida para los edificios es de 10 metros, pero, en la zona en la que Juan desea construir, una cláusula ambigua permite que los edificios midan hasta 12 metros de altura como máxima.

Al examinar la petición de este administrado, los funcionarios se dan cuenta de esta ambigüedad y tienen dudas sobre qué interpretación aplicar: la más restrictiva, que no permite construir edificios de más de 10 metros de altura; o la más permisiva, que permite que lleguen hasta los 12 metros.

Aplicando el principio in dubio pro actione, se decide resolver favoreciendo la acción del administrado. Por eso, ante la ambigüedad de la norma, permiten que Juan construya un edificio de 12 metros de altura.

Esta decisión promueve una actividad administrativa que beneficia al ciudadano, y no infringe otros principios o normativas claras.

Hay otros casos en los que se puede apreciar claramente la aplicación de este principio. Por ejemplo, si un ciudadano interpone un recurso de reposición contra una resolución administrativa, pero no utiliza el modelo típico previsto para ello, este debe ser admitido, porque lo que importa realmente es la intención que tiene el interesado cuando lleva a cabo la acción (interpone el recurso), con independencia de los errores que haya podido cometer al plantear la misma. Esto evita la dilación del procedimiento y garantiza la protección de los derechos del administrado.

Este principio ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la jurisprudencia, que en más de una ocasión ha señalado que la interpretación de los obstáculos procesales debe llevarse a cabo de manera que no impida la cognición sobre el fondo del asunto basada en meros formalismos.

El principio in dubio pro actione en el derecho administrativo tiene como objetivo promover una acción administrativa proactiva, eficiente y que proteja ante todo los derechos de los ciudadanos, asegurando que, en caso de duda, las decisiones tomadas favorezcan la acción en beneficio del interesado y del interés general.