La investigación contra Vladimir Kokorev, el supuesto testaferro de Teodoro Obiang en España, que se sigue en Las Palmas de Gran Canarias desde hace una década, ha llegado a la mesa del Fiscal Anticorrupción. Luis del Río Montesdeoca debe pronunciarse de forma inminente e informar sobre la pericia informática que el empresario hispano-ruso, ya jubilado, ha hecho llegar al juzgado a través de su abogado José Antonio Choclán hace ahora más de un mes.

En este caso, en el que se averigua el posible lavado de unos 20 millones de euros entre los años 2003 y 2004, la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal habían considerado hasta ahora que los legítimos negocios navieros del sospechoso, enfermo tras pasar más de dos años en prisión preventiva, no justifican los millonarios ingresos que se recibieron en la oficina del Banco Santander en Canarias. Sencillamente, de acuerdo a la acusación, ese dinero llegóa Kokorev por ser ‘amigo’ de Teodoro Obiang y ejercer de pantalla para el dirigente ecuatoguineano.

Sin embargo, cuando la instrucción se hallaría en su fase final (aunque no hay perspectiva cierta para el auto de procesamiento), José Antonio Choclán ha puesto en la mesa del juzgado de instrucción nº5 el citado informe pericial elaborado por el prestigioso perito informático, Juan Martos Luque, que revela la manipulación en la recogida de pruebas practicada por la UDYCO hace ya tres años.

Este informe científico acredita que en dispositivos informáticos que supuestamente recogerían pruebas contra el presunto hombre de paja del líder de Guinea Ecuatorial, hay “evidencias de manipulación por parte de la policía (con creación, borrado y modificación de archivos)” que se especifican en numerosísimos casos.

Los letrados del empresario, al que como medida cautelar se le ha impuesto de modo insólito la prohibición de salir de Gran Canaria, señalan que esos agentes policiales habrían incurrido en “un delito de falsedad en documento y de un delito de infidelidad en la custodia de documentos del atículo 413 del Código Penal”. Aún dada la gravedad de los hechos denunciados, el Ministerio Público no ha informado de las decisiones a emprender contra esos agentes un mes y medio después.

Ésa es la causa por la que los letrados de Vladimir Kokorev han exhortado al juzgado planteando la necesidad de “deducir testimonio de particulares para depurar las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido los agentes policiales intervinientes”.

Ese material informático (según ahora se acredita, manipulado por miembros de las fuerzas de seguridad antes de su entrega al juzgado) era hasta hoy crucial en la instrucción y considerado un pilar sobre el que se mantenía la acusación contra el empresario.

La UDYCO ha reconocido en el juzgado actuaciones antireglamentarias

La propia UDYCO había admitido hace meses ante la jueza De Vega no haber respetado los protocolos de recogida de material informático. Los agentes denunciados por haber presuntamente destruido, inutilizado u ocultado, total o parcialmente documentos cuya custodia les estaba encomendada por razón de su cargo, incurrirían “en penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

El informe pericial que está en la mesa de la Fiscalía Anticorrupción canaria adquiere una dimensión importante en el caso en la medida en que alude a dispositivos informáticos cuyo contenido habría servido para introducir de lleno también en la investigación al hijo del empresario, Igor Kokorev. Precisamente la creencia de que esos materiales se habían tratado por la policía respetando el principo de ‘integridad’ llevó en autos de 2016 y 2017 a la jueza a dictar medidas señalando también a Igor como responsable de delitos económicos, incluso a ingresarlo y mantenerlo igualmente en prisión provisional.

La Fiscalía General del Estado tramita desde hace meses un expediente por irregularidades/ilegalidades en la invesigación del llamado ‘caso Kokorev’. Además del dossier sobre el que tendrá que pronunciarse el departamento de Julián Sánchez Melgar, el Parlamento Europeo ha denunciado en diversos foros (Bruselas y Estrasburgo) las condiciones presuntamente ilegales de prisión preventiva, y los eventuales daños por resarcimiento a los que tendría que enfrentarse el Estado español, como ha ocurrido en otras ocasiones también en instancias comunitarias. 

En las sospechosas dilaciones de esta interminable investigación que se inició hace más de una década, y que fue archivada en dos ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción (por falta de motivación en las acusaciones al supuesto testaferro de Obiang), están en el limbo desde hace casi un año dos comisiones rogatorias determinantes, una de ellas precisamente a Guinea Ecuatorial. Esos papeles se consideran clave para seguir adelante con el proceso y abrir juicio oral o desimputar al empresario.