¿Protege siempre la ley a los ciudadanos sin perjuicios de injerencias políticas? ¿Es cierta la presunción de inocencia en todos los casos? Estas cuestiones son las que aborda el letrado, economista y empresario Francisco Barrionuevo en su libro ‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado de Derecho?’ (Almuzara), presentado en la tarde del 29 de septiembre en el Colegio de Abogados de Granada.
“Tenemos la suerte de presentar en el Colegio el libro de un compañero que, ya solo en su título supone una llamada de atención, por esa referencia a la presunción de culpabilidad que es especialmente significativa en los juicios mediáticos donde, aunque se produzca la absolución, se hace prácticamente imposible reparar el daño causado al honor de las personas”, señaló el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, durante el acto de presentación, retransmitido también a través del Canal TV del Colegio.
Sobre el tratamiento de la figura de la presunción de inocencia en la actualidad que aborda el autor en la obra giró el evento, en el que Barrionuevo estuvo acompañado también por Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía; y Juan Cano Bueso, catedrático y presidente del Consejo Consultivo de Andalucía durante el periodo 2002-2019.
Para Barrionuevo, esta presunción de inocencia está pasando por sus horas más bajas en España y, por ello, aboga por un cambio de modelo en la instrucción penal en España, proponiendo a su vez la aplicación de la Ley de un modo más exhaustivo, soslayando las veleidades que en ocasiones se permiten las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Fiscalía y el Juez Instructor. Lo hace tras analizar, en su libro, un caso práctico basado en presuntos delitos contra la Administración Pública, el de Invercaria. “En mi libro intento evidenciar lo que es una obviedad: la jurisdicción penal siempre debería usarse en última instancia, pero algunos jueces y fiscales están aplicando lo que se denomina el Derecho Penal del enemigo”, denunció Barrionuevo, causando un “linchamiento moral” a empresarios, funcionarios y ciudadanos.
Un ejemplo de lo que, según el autor, puede estar ocurriendo a otros muchos profesionales que se ven inmersos en dolorosos, costosos e injustos procesos judiciales, sencillamente porque, en su opinión, algún que otro fiscal, con ánimo acusatorio desmedido, entendió que debía aplicar el principio de culpabilidad de forma un tanto caprichosa, unido a la complacencia de un juez instructor que sigue el dictado de la Fiscalía sin aplicar la necesaria jurisdiccionalidad.
“En el juego de poderes, cuando un poder deja de actuar, ese espacio lo rellena el poder colindante y es evidente que ni el Gobierno, ni el Parlamento atraviesan hoy día sus mejores momentos, y por eso, los jueces han conseguido apoderarse de un espacio público que ha deslizado el sistema político ligeramente hacia un gobierno de los jueces, que no es el modelo constitucional previsto”, lamentó Cano Bueso, que cuestionó “cómo es posible que en un Estado de Derecho se vulneren presuntamente principios, valores y preceptos angulares, como la igualdad o la justicia”. “Qué puede hacer un empresario para defender su honor. Poca cosa”, concluyó.
De ahí que el autor, a través del detallado análisis del principio constitucional recogido en el libro, insta a los poderes públicos a que pongan los medios necesarios para que la justicia se constituya como un entorno seguro y completamente justo, apartado de los factores actuales que la ponen en peligro.
En este sentido, González de Lara resaltó de la obra que se trata de “una crítica justa que denuncia los atropellos judiciales por la excesiva judicialización de la vida económica, política y social”. Una judicialización que, según puntualizó, tiene un impacto más pernicioso en uno de los principales activos de los empresarios: su imagen personal y de marca, quebrada por estas llamadas ‘penas de banquillo’ o ‘penas de telediario’. “Los empresarios tenemos una idea muy clara sobre los atributos que debe reunir la justicia: debe existir y prevalecer, debe ser aplicada en el momento oportuno y con la máxima celeridad y debe ser proporcional y adecuada, respetando el principio de presunción de inocencia”, añadió el presidente de la CEA.
Tras las intervenciones, el acto ha concluyó con un turno de preguntas de los asistentes a la presentación y con la firma de libros por parte del autor.
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