Carpeta de justicia

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  • Durante la pandemia, uno de los colectivos más damnificados ha sido el del empleo doméstico –más de 500.000 personas en toda España–, colectivo éste integrado fundamentalmente por mujeres (88%).Pese a las reiteradas promesas de los sucesivos gobiernos, la realidad es que, a día de hoy, las trabajadoras dadas de alta en el régimen especial de las empleadas del hogar no tienen derecho a la prestación por desempleo.
  • La Comisión de Género del Consejo General de Economistas de España (CGE) ha calificado esta situación de “grave discriminación por razón de sexo” y ha solicitado que se regule “de manera inmediata”  que las empleadas del hogar puedan cobrar el paro, alineándose así con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelve que el sistema español es discriminatorio por no reconocer el derecho a cobrar el subsidio de desempleo de este colectivo.
  • Según la Comisión de Género del CGE son muchos los datos que ponen de manifiesto que queda un largo camino por recorrer en materias de género en el ámbito laboral: Se estima que, por un trabajo de igual valor, la brecha salarial de género en la UE es del 14,1 %; solo 5 de las 35 empresas del IBEX tiene plan de igualdad en vigor; solo 1 de cada 6 empresas obligadas a ello tienen registrados plan de igualdad; existen 30.000 empresas inscritas en seguridad social con más de 50 trabajadores en plantilla, pero no llegan a 5.000 los planes de igualdad depositados.

A diferencia de otro tipo de relaciones laborales prestadas en domicilios y con características similares al trabajo doméstico, como chóferes o jardineros, las empleadas del hogar no tienen cobertura de desempleo. Esta “grave discriminación por razón de sexo” ha sido la  principal denuncia que ha realizado la Comisión de Género del Consejo General de Economistas de España (CGE) –quien ha solicitado que se regule de manera inmediata  que las empleadas del hogar tengan derecho al subsidio de desempleo– durante una sesión que, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de la Mujer, han organizado hoy con el objeto de analizar la normativa laboral sobre género en España, su grado de cumplimiento y sus posibles carencias.

Esta sesión ha sido inaugurada por Valentín Pich (presidente del Consejo General de Economistas de España –CGE–), y en ella han participado María del Carmen Sampayo (presidenta de la Comisión de Género del CGE); Matilde Mas (catedrática de Fundamentos de Análisis Económico en la Universidad de Valencia y directora de Proyectos Internacionales del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas –Ivie–); Montserrat Trapé (inspectora de Hacienda del Estado en excedencia, consejera independiente de CriteriaCaixa y presidenta del Comité de Tax Compliance de Cellnex), y Sara Argüello (secretaria general del CGE).    

Durante la jornada, la presidenta de la Comisión de Género del CGE ha puesto sobre la mesa algunos datos que ponen de manifiesto que “queda un largo camino por recorrer en materia de género en el ámbito laboral”, como es el hecho de que, por un trabajo de igual valor, la brecha salarial de género en la UE sea del 14,1 %; que solo 5 de las 35 empresas del IBEX tengan plan de igualdad en vigor; que solo 1 de cada 6 empresas obligadas a ello tienen registrados plan de igualdad; o que de las 30.000 empresas inscritas en seguridad social con más de 50 trabajadores en plantilla, no lleguen a 5.000 los planes de igualdad depositados. Con respecto a la igualdad retributiva, Carmen Sampayo ha reivindicado la necesidad de que el INE cuente con un registro de ingresos de autónomos que los distinga por géneros, lo que “permitiría ver si existe o no brecha salarial en este colectivo de una manera objetiva y analizar sus causas”.

En la inauguración, Valentín Pich, ha afirmado que “la organización colegial de los Economistas aspira a contribuir de forma significativa a la igualdad de género en nuestra sociedad, y el Consejo General y los Colegios territoriales que lo integran pretenden ser un motor de cambio para la profesión de economista en sus distintas actividades, así como un ejemplo de buenas prácticas en materia de igualdad de género, con el objetivo de alcanzar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres y eliminar posibles discriminaciones por razón de sexo en los ámbitos económicos y de empresa”. De ahí que, según Pich, “el 17 de junio del pasado año se constituyera, por acuerdo del Pleno del Consejo General, la Comisión de Igualdad de Género, con la participación de las presidentas de los Colegios territoriales que conforman este Consejo General”.

En su intervención, Carmen Sampayo ha hecho un repaso de la normativa laboral internacional, europea y española sobre género, haciendo especial hincapié en los planes de igualdad y de retribución. A este último respecto, Sampayo ha señalado que “el próximo 8 de marzo entra en vigor el régimen sancionador para las empresas que no hayan registrado e implantado su Plan de Igualdad en la correspondiente autoridad laboral, ya que el día  7 finaliza el período transitorio que se le concedió a las empresas de entre 50 y 100 trabajadores para que se adaptaran a la legislación. Las últimas cifras de las que disponemos revelan que sólo una de cada seis empresas obligadas ha hecho los deberes. Como analistas que somos debemos interpretar qué hay detrás de este incumplimiento: si dificultades en la negociación, si coste burocrático para las empresas o si simplemente estamos ante el recurrente hábito de la procrastinación. En cualquier caso, más allá de cualquier normativa la sociedad tiene que avanzar en igualdad real”.

A continuación, dos expertas de reconocida trayectoria en el ámbito de la economía y de la empresa, Matilde Mas y Montserrat Trapé, han relatado su experiencia como mujeres en la universidad –la primera– y en la empresa –la segunda–, y han analizado la evolución del papel de la mujer en ambos campos. 

Para Matilde Mas, “el progreso de la mujer en España es el hecho más destacable de los últimos ochenta años: del 0,14% de mujeres universitarias en 1960 al 33% en la actualidad”. No obstante, según esta reputada economista, “las mujeres obtienen mejores resultados en la universidad, pero acceden a puestos de trabajo menos estables y un 9,5% peor remunerados que los hombres”. “La mujer debe aceptar los retos sin permitir que el síndrome del impostor le domine", ha manifestado a modo de conclusión.

Por su parte, Montserrat Trapé considera que “la diversidad enriquece las organizaciones, enriquece la sociedad, pero continúa siendo un reto porque gestionar la diversidad en el día a día no es sencillo. Hay que reconocerlo. Requiere respeto, humildad, mente abierta y no sólo abrazar sino valorar las diferencias. Para ello, todos nos hemos de preparar. Pensar que, sólo con voluntad, la gestión de la diversidad será un éxito es un grave error. Las normas que hoy se han analizado, las recomendaciones que existen, entre otras, en el ámbito del Buen Gobierno, constituyen, sin duda, un hito para impulsar y consolidar el cambio. Pero el verdadero reto que tenemos como sociedad es la normalización de la diversidad en nuestra conducta diaria. Hay que inculcar desde la infancia el máximo respeto a la diferencias”.  “El día en que no sea necesario el `día internacional de la mujer´ habremos logrado nuestro objetivo; entretanto, hay que seguir trabajando”, ha concluido Trapé.

El acto ha concluido con un coloquio, que ha sido moderado por la secretaria general del CGE, Sara Argüello, y en el que ha participado todas las intervinientes.




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