Se trata de tres hombres que de media han pasado 8 años en la cárcel por delitos de tráfico de estupefacientes, con numerosas afecciones de salud que se han visto agravadas tras su paso por los centros penitenciarios. Estas personas accedieron a ser “mulas” a cambio de una cantidad de dinero, previamente captadas y engañadas por mafias perfectamente estructuradas. Constituyen así el último eslabón de la cadena, asumiendo penas de prisión en cárceles extranjeras que posiblemente nunca hubieran imaginado. Ello les lleva a experimentar una especie de limbo personal y jurídico que los sume un estado de estrés postraumático que debe ser tratado por profesionales de manera específica y diferenciada a su llegada a España.
Los tres trasladados finalizaron el cumplimiento de sus sentencias en cárceles peruanas entre finales de 2019 y durante el período de la pandemia por Covid-19, lo que les llevó a experimentar un nuevo limbo: por contar con antecedentes penales en Perú no podían optar a un permiso de trabajo en el país, y sin recursos económicos suficientes para ganarse la vida tampoco podían regresar a España.
Dada su vulnerabilidad personal y social, la Fundación Abogacía Española ha financiado sus traslados y se encuentra brindándoles asesoramiento sobre sus derechos y obligaciones una vez han regresado. Solo a través de esta segunda oportunidad vital se puede evitar que quienes salgan de prisión entren de nuevo en un círculo de marginalidad del que de otro modo les resultaría casi imposible escapar.
La orientación para la reinserción se está llevando a cabo a través del Programa Restauravidas, con la abogada Esther Pascual y la psicóloga Francisca Lozano, que normalmente ofrecen asesoramiento jurídico y psicológico en la cárcel de Soto del Real de manera complementaria a los servicios ofrecidos por el propio centro penitenciario. Dado que estas tres personas ya están en libertad y se deben seguir observando las medidas de seguridad derivadas de la pandemia de Covid-19, el programa se está llevando a cabo telemáticamente.
El proyecto de apoyo a personas españolas presas en el extranjero persigue garantizar el acceso de estas personas a una defensa de calidad. Para ello, se les ofrece atención jurídica en el país en donde son detenidas, en caso de que no dispongan de ella. Letrados y letradas facilitan asesoramiento jurídico para que en última instancia promuevan de su traslado y puedan terminar de cumplir sus condenas en centros penitenciarios españoles. La gestión del traslado se coordina entre la Fundación Abogacía Española y el Consulado de España en la ciudad en que se hallen estos ciudadanos.
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