Durante los últimos meses, por la lucha contra la pandemia del Covid-19, se han impuesto numerosas restricciones para los ciudadanos. Por un lado, se puede hablar del confinamiento, pero, por otro lado, también se puede hablar de las restricciones de movilidad que después se implantaron, las limitaciones para las reuniones y la obligación de llevar mascarilla en todos los lugares y con independencia de la distancia con las demás personas, sin que se pueda olvidar el toque de queda implantado. Todo ello se ha llevado a cabo por normas legales y reglamentarias que han ido dictándose por el Gobierno y por las Comunidades Autónomas, que han provocado un caos jurídico sin precedentes.

Afirma la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2014, dictada por la Sala Tercera, que “todo sistema normativo tiene ordenadas sus normas en una escala de rangos, clasificación vertical, en las que cada norma puede disponer sobre las de nivel inferior, mientras que las inferiores han de respetar en todo caso el contenido de la regulación establecida en las de nivel superior”, pero “las normas del sistema no se relacionan sólo en virtud del principio jerárquico, sino también atendiendo, por lo que ahora interesa, al principio de competencia, a la especialidad de su objeto, por el concreto ámbito sobre el que inciden, y al momento en que comienza su aplicación, lo que formaría parte de la vertiente horizontal”. Dicho esto, hay muchos problemas que se derivan de una situación como la actual, en la que la improvisación y la falta de una correcta percepción de la realidad por parte de los políticos están causando estragos sociales, sanitarios y económicos.

Se han estado produciendo quejas por el toque de queda que se han sumado a las que ya se desarrollaron por otras medidas restrictivas, siendo cierto que las manifestaciones, si son pacíficas, tienen una clara justificación. Solo se tienen que ver muchos ejemplos de líderes políticos que no se han aplicado la misma fórmula que imponen para los ciudadanos, algo inexplicable desde un punto de vista político, aunque comprensible desde la óptica del que se siente superior social y moralmente a los demás.

Para comprender lo anteriormente comentado, hay que tener presente que los dirigentes públicos pueden intervenir para la elaboración, aprobación y ejecución de las normas en cuanto que son representantes de los ciudadanos. Así se determina, por la Constitución, para los miembros de los Parlamentos estatal y autonómicos, en lo que a la aprobación de leyes se refiere, y para los miembros de los Gobiernos estatal y autonómicos, elegidos por los parlamentarios correspondientes. Ese factor delimitado en la norma fundamental, ratificada por el pueblo español, les dota de legitimidad para poder crear las normas y aplicarlas, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico.

El problema es que los sujetos con legitimidad para la elaboración y aplicación de las normas tienen que actuar ajustando sus comportamientos a las normas que ellos mismo crean, pues no hay otro modo de visibilizar su adecuación a las circunstancias que la ejemplaridad, por la que los dirigentes públicos se comportan de una manera acorde a las reglas sociales y jurídicas de un modo que proyecta a la ciudadanía confianza en las instituciones. Lamentablemente, son muchos los dirigentes que, en las últimas semanas, han dado muestras de una gran falta de sensibilidad y de una carencia de respeto por la normativa. Véanse los ejemplos de Adriana Lastra y José Luis Ábalos fumando en la puerta del Congreso sin respetar las distancias, de Francina Armengol incumpliendo el toque de queda en las Islas Baleares o de varios de los líderes políticas de los principales partidos políticos en una cena multitudinaria organizada por Pedro J. Ramírez, director del diario El Español, a la que asistieron relevantes personalidades en unas condiciones poco recomendables, sin distancia y sin mascarilla, sin tener en consideración lo que los ciudadanos podían llegar a pensar de sus representantes y gestores.

Conforme al artículo 9.1 de la Constitución, los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la norma fundamental y al resto del ordenamiento jurídico. Sin embargo, esa regla no se entenderá cumplida a la vista de la sociedad si los dirigentes políticos optan por ignorar las mismas normas cuyo cumplimiento imponen sin terminar de pensar en lo nefasto de sus conductas.