- Ernesto Sirera, abogado mercantil, ha señalado durante su intervención en el Congreso Jurídico Internacional sobre Plataformas Digitales la importancia de encontrar mecanismos por parte de la administración para corregir actuaciones ‘’contrarias a la libre competencia’’ que se están produciendo en el sector
- El futuro más inmediato de las entidades especializadas está intrínsecamente ligado a su consolidación como colaboradoras permanentes de la Administración de Justicia, según señala Sirera.
La necesidad de una regulación específica en el marco de la intervención de las entidades especializadas. Este fue el punto que centró la intervención de Ernesto Sirera, abogado mercantil y socio-director de Sirera y Saval Abogados en la ponencia de clausura del Congreso Jurídico Internacional sobre Plataformas Digitales, organizado por la Universitat de les Illes Balears. ‘’A este tipo de entidades se les debe exigir solvencia, profesionalidad, experiencia, capacidad, transparencia, publicidad y seguridad jurídica. Si eso no ocurre, el sector acaba contando con unos actores poco confiables’’, ha apuntado.
Según Sirera, mientras la crisis de 2008 generó una proliferación de procesos concursales que permitió la introducción de operadores que, hasta ese momento, no estaban en el juego, como es el caso de Activos Concursales. Hoy en día, con el aluvión de concursos que prevén los expertos de cara al 14 de marzo - fecha hasta la que quedó ampliada la moratoria concursal aprobada por el Gobierno-, se está produciendo una proliferación de entidades especializadas que buscan aprovechar este nicho de negocio. Por lo tanto, el experto señaló que el desarrollo de una normativa sería “más eficaz” puesto que serviría para establecer un “cierto control” sobre el mercado y un establecimiento de requisitos para conseguir que estas intervengan en los procesos judiciales en un marco confiable para la administración judicial.
El futuro en este ámbito.
Consciente de este crecimiento dentro de este sector, Sirera comentó que se está alterando la libre concurrencia. “Es preocupante porque se están produciendo actuaciones que pudieran ser contrarias a la libre competencia y que pueden acabar con la exclusión de algunos actores que compiten con lealtad, en beneficio de otros que no actúan, en ocasiones, conforme a derecho”, ha indicado durante su intervención. Y abogó por tratar de encontrar mecanismos que permitan una rápida solución ya que la corrección de estos comportamientos es excesivamente lenta por parte de la administración. En esta misma línea, Jaume Martí, profesor de Derecho Mercantil de la Universitat de València, destacó en su exposición algunos comportamientos de entidades especializadas susceptibles de reproche desde la perspectiva del Derecho de la Competencia como, por ejemplo, prácticas concertadas para el establecimiento de precios, establecimiento de condiciones desiguales para la prestación de un mismo servicio entre postores, así como otros actos susceptibles de generar engaño.
De cara al futuro más inmediato, los expertos han coincidido: ‘’Se va a producir una consolidación bastante sólida de las entidades especializadas como colaboradoras estables de la Administración de Justicia’’, apuntó Sirera. Javier Blas, abogado y socio de IllesLex, en la misma línea ha asegurado que la liquidación a través de las entidades especializas es el presente y “va a ser el futuro a partir de marzo”. “En un escenario de colapso judicial, entidades como Activos Concursales resultan un colaborador esencial, y supone una liberalización importante la externalización de esos procesos para la administración de Justicia, permitiendo a los órganos judiciales centrarse en lo esencial y no en lo accesorio”, ha finalizado Sirera.
El evento, organizado por la Universitat de les Illes Balears a través del Grupo de Derecho y Nuevas Tecnologías y el Centre de Dret de la Informàtica de Balears (CEDIB), ha tenido como patrocinador a Eactivos.com y ha contado con otros colaboradores como la Agencia Estatal de Comunicación, la Facultat de Dret de la Universitat de les Illes Balears, al Ministerio de Ciencia e innovación, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática e Illeslex Abogados.
