La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) han apostado por una digitalización de la sociedad que garantice la protección de los derechos fundamentales de las personas mayores y con discapacidad, dado que se trata de un colectivo especialmente vulnerable ante la imposición obligatoria de nuevas herramientas tecnológicas para el acceso a bienes y servicios esenciales, y que además ponen en peligro su privacidad y su patrimonio ante el auge de delitos cibernéticos.
Todo ello en el marco de la jornada ‘Mayores en el entorno digital’, organizada por la PMP y la AEPD, que ha abordado desde diferentes perspectivas, los impactos de la digitalización de la sociedad en el día a día de las personas mayores y con discapacidad, así como las posibles medidas para paliar los efectos de la brecha digital que les afecta.
La jornada ha sido inaugurada por la directora de la AEPD, Mar España, y ha contado con una serie de ponencias a cargo del presidente de la PMP, Lázaro González; la coordinadora de Estudios y Apoyo Técnico y asesora del Gabinete del Director del IMSERSO, Sara Ulla; el jefe del Área de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Joaquín Corcobado; y el secretario general para el Reto Demográfico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Francesc Boya.
En primer lugar, en su intervención, Mar España ha abordado el derecho fundamental a la protección de datos como garantía de los derechos y libertades de las personas, al tiempo que ha ofrecido una visión de cómo afecta el mundo digital a las personas mayores. En especial, destacó la especial vulnerabilidad de este grupo de personas en cuanto a la protección de su privacidad y frente al creciente número de fraudes y delitos cibernéticos.
En este sentido, ha expresado su confianza en que esa protección hacia las personas mayores se vea reforzada mediante alianzas, como el convenio de colaboración firmado entre la AEPD y la PMP, que cuenta con “dos ejes estratégicos: formación y sensibilización; así como como la elaboración y difusión de contenidos sobre el entorno digital especialmente destinados a las personas mayores”, declaró España.
Por su parte, Lázaro González, ha hablado sobre el impacto de la digitalización en la vida de las personas mayores, poniendo especial énfasis en las carencias, inseguridad y prácticas abusivas que les afectan. En este sentido, ha destacado que la PMP es “muy partidaria de la inclusión digital de las personas mayores y con discapacidad, dado que puede aportar indudables beneficios en cuanto a mejora de la calidad de vida y el bienestar”. Sin embargo, ha añadido que dicha inclusión digital “debe hacerse con garantías, dado que se está dando por supuesto que todos podemos y debemos manejar las nuevas herramientas digitales y ello implica la vulneración de derechos”.
Así, Lázaro González ha manifestado que “nos parece un abuso obligar a las personas mayores y con discapacidad a utilizar aplicaciones o productos no accesibles. No solo por parte de la banca, sino también por parte de las Administraciones públicas o las empresas de suministros, que exigen cita previa o realizar trámites por internet para acceder a servicios y bienes esenciales, eliminando la opción de la atención personalizada a la que tenemos derecho”.
A continuación, la ponencia de Sara Ulla ha versado sobre el papel de las políticas de mayores y la responsabilidad de las administraciones a la hora de paliar la brecha digital y emprender acciones que redunden en la inclusión digital de ese colectivo. Desde su punto de vista, tanto las administraciones públicas como las entidades privadas son responsables de que sus servicios sean accesibles por cualquier vía, con independencia de las capacidades, conocimientos y recursos de los usuarios. En lo que respecta a las herramientas digitales, “hay gente que directamente no las puede usar y gente que no quiere usarlas, y está en su perfecto derecho de no hacerlo”.
Asimismo, Joaquín Corcobado ha ofrecido una visión de las ayudas ofrecidas a los mayores en el ámbito digital desde los ayuntamientos y entidades locales y los problemas que se han detectado. En cuanto a dichos problemas, ha destacado principalmente seis: la brecha digital; la falta de acceso a la tecnología, resistencia al cambio; la falta de acompañamiento y capacitación; las barreras lingüísticas y culturales; y falta de conciencia y comunicación efectiva sobre ayudas e iniciativas.
Para abordar estos problemas Corcobado ha manifestado que, principalmente, “es necesario implementar estrategias que incluyan programas de capacitación digital adaptados a las necesidades de las personas mayores, además de una comunicación clara y efectiva hacia este colectivo de todas las ayudas digitales disponibles, fomentando su participación efectiva”.
Finalmente, la jornada se ha cerrado con la intervención de Francesc Boya, quien ha tratado las diferencias entre los ámbitos urbano y rural en los servicios para los mayores centrados en el ámbito digital, además de proponer una serie de líneas de actuación en los municipios con poca población, en cuanto a provisión de servicios y ayudas a las personas mayores para igualar ese desequilibrio entre ambos entornos.
Por su parte, Boya ha resaltado que “la tecnología es una puerta sustancial a una mejora a nuestra calidad de vida y marca el paradigma de futuro de la sociedad, pero debemos estar muy atentos a estos avances y combatir todos los síntomas de deshumanización que los acompañan”.
La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) nace como un proceso de confluencia de las Organizaciones, Federaciones y Confederaciones de Mayores y Pensionistas más importante del país, con el objetivo de representar al movimiento asociativo de las personas mayores y facilitar la interlocución con los poderes públicos y otros actores sociales.
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