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Madrid, 24 abr (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido al Gobierno que amplíe hasta 2029 el plazo para revisar las medidas adoptadas en relación con la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.

Desde septiembre de 2021 está en vigor la ley que sustituye la incapacitación judicial de las personas con discapacidad por un sistema basado en el apoyo y el respeto a su voluntad y que obliga a revisar antes de tres años todos los procesos de incapacitación acordados con anterioridad a la norma.

El plazo fijado por la ley concluye el próximo 3 de septiembre y el órgano de gobierno de los jueces explica que a 31 de diciembre de 2023 se encontraban pendientes de revisar por los órganos judiciales (juzgados de primera instancia y juzgados de primera instancia e instrucción, especializados y no especializados) un total de 108.625 asuntos.

Para hacer esta petición, el CGPJ expone que según un informe del Servicio de Inspección resulta insuficiente el plazo de la ley para proceder a la revisión, bien a instancia de las personas interesadas o del Ministerio Fiscal bien de oficio, de todas las medidas que se hubiesen adoptado con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma.

Si no se adoptan medidas de refuerzo, el plazo adicional necesario para finalizar las revisiones pendientes sería de 4,9 años; en el caso de que sí se adoptaran, el plazo sería de 3,7 años, explica.

Como consecuencia de la reforma, desaparecieron la declaración judicial de incapacidad y la modificación judicial de la capacidad, por tratarse de mecanismos incompatibles con el pleno reconocimiento de la personalidad y capacidad jurídicas de las personas con discapacidad, de acuerdo con la Convención de Nueva York. 




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