Madrid, 14 ene (EFE).- A falta de una reforma normativa, los jueces se han convertido en muchas ocasiones en aliados de las madres que apuestan por crear una familia monoparental y que deben seguir acudiendo a los tribunales para sumar a su permiso de maternidad el del padre ausente, aunque hay magistrados discrepantes.

Esta semana se ha conocido una de las últimas sentencias, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que ha reconocido el derecho de una madre soltera a disfrutar de 26 semanas de permiso, en lugar de las 16 que le habían concedido tras el nacimiento de su hijo, al considerar que el menor tiene un trato "desigual" al nacido en una familia biparental.

El borrador de la ley de familias impulsada por la ministra Ione Belarra proponía igualar los permisos de nacimiento de las madres y padres solos a los de las familias biparentales, es decir, disfrutar de 32 semanas -no 16 como actualmente-, aunque este derecho no ha quedado finalmente incluido en el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado diciembre tras duras negociaciones entre los socios de gobierno.

Las mujeres que crían a sus hijos en solitario deben así seguir acudiendo a los tribunales para reclamar poder disfrutar de ambos permisos (el de paternidad y el de maternidad) y están obteniendo respuestas dispares en las distintas comunidades autónomas.

En el caso de Extremadura, el tribunal ha dado la razón parcialmente a la progenitora, que solicitaba disfrutar de 32 semanas -16 semanas de la madre y otras 16 que corresponderían al padre-. Le resta a su petición las primeras seis semanas que deben tomar simultáneamente tras el parto los dos progenitores.

Otros tribunales, como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), han reconocido el derecho a disfrutar de las 32 semanas a estas madres.

Lo consignó el tribunal catalán en una sentencia dictada por los 25 magistrados que integran el pleno de la sala de lo social -tres de los cuales emitieron votos particulares-, atendiendo a las "peculiaridades y necesidades específicas de las familias monoparentales" que el Estatuto de los Trabajadores no contempla.

En la misma línea han otorgado esa ampliación de permisos hasta las 32 semanas "en beneficio del menor y para atender a los cuidados que precisa" juzgados de Galicia o de Ibiza, entre otros.

En el otro extremo se ha situado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que ha rechazado sumar ambos permisos y que cree que la cuestión deberá ser objeto de unificación de doctrina por parte del Tribunal Supremo, al existir pronunciamientos contradictorios por parte de diferentes tribunales superiores de justicia.

Ante esta postura, el Parlamento navarro ha reclamado al Gobierno de esa comunidad que amplíe en otras 17 semanas los permisos por nacimiento a las familias monoparentales y al central, extender los permisos de maternidad y paternidad para estas familias hasta las 32 semanas.

COSTOSOS PROCESOS PARA LAS MUJERES

En España hay casi dos millones de hogares de un solo progenitor con hijos y más del 80 % de ellos están encabezados por mujeres.

Para la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) se ha perdido la "gran oportunidad" de fijar en la ley de familias este derecho que reclaman desde hace décadas y acabar con una de las discriminaciones que sufren, aunque aún podría incorporarse a través de enmiendas en la tramitación parlamentaria.

Su presidenta Carmen Flores explica a EFE que en las primeras aportaciones durante la consulta pública de la ley expusieron esta necesidad, a la vista del goteo de sentencias que llegaban de los tribunales superiores.

"Hay muchas mujeres que no tiene ni tiempo, ni dinero, ni conocen que pueden ejercer su reclamación, porque tienen que poner recursos propios", advierte.

Recuerda además que más de la mitad de las familias monomarentales están en riesgo de pobreza; "¿Quién puede meterse en esos procesos?, la que tiene un puesto en una empresa o es funcionaria y sabe que no le van a penalizar en el empleo por esa reclamación".

Expusieron su reclamación también en distintas reuniones con responsables de los departamentos de Seguridad Social y de Inclusión, pero, "al final, parece que Hacienda es la que manda", se lamenta.

"Reconocer este derecho supone un desembolso económico importante por la cobertura que debe ofrecer el Estado, pero esto va en detrimento del reconocimiento de las necesidades de estas familias y de no discriminación a los menores", asevera.

Recuerda que está prohibido por ley discriminar a los menores por el modelo de familia en el que vivan y reclama mayores medidas de apoyo para los hogares de madres solas.