El Aula de Debate del ICAM celebró anoche su quinta jornada, consolidándose como punto de encuentro de los operadores más importantes del sector jurídico y de la sociedad civil. En esta ocasión, el tema abordado fue “El derecho a la libertad de información en tiempos de crisis”, con un cartel formado por el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; el periodista y presidente de Sociedad Civil por el Debate, Manuel Campo Vidal; la escritora Gloria Lomana; y la acostumbrada intervención del diputado responsable de Formación del Colegio, Raúl Ochoa, como moderador.
El acto fue presentado por el decano del ICAM, José María Alonso, que lamentó las "numerosas noticias sin contrastar que aparecen cada día, y que tocan de lleno a la opinión pública, produciendo un efecto en cascada", y señaló a su vez que su combate requiere "una extraordinaria labor de los distintos operadores sociales, las instituciones y, por supuesto, los abogados".
En este sentido, Alonso se refirió a las fake news, "una bola de nieve que se echa a rodar ladera abajo, engordando incesantemente con riesgos directos y, a veces, imprevisibles" y al desafío que plantea este nuevo escenario de constante interactuación en el que las redes sociales han hecho a los ciudadanos "a la vez productores y consumidores, objetos y sujetos: un mundo sin cancerberos de las esencias del interés general", subrayó.
Dicotomía de derechos
Los nuevos retos a los que se enfrenta la comunicación fueron abordados desde distintas perspectivas, aunque todos los intervinientes coincidieron en que plantean un enfrentamiento entre la libertad de expresión y otra serie de derechos individuales, una situación compleja de manejar. Para Navarro, la clave pasa por los derechos económicos y sociales que hasta un momento reciente "habían estado en segundo plano, en teoría". Poniendo como ejemplo los "escraches" donde la crisis "pesaba más que la intimidad de las personas", el presidente de la Audiencia Nacional señalaba que "tenemos que reconocer que hay límites más allá de los tradicionales que han estado olvidados pero empiezan a ser reconocidos".
Campo Vidal, por su parte, apuntaba como solución una propuesta que lleva interesando varios años: la creación de un "Consejo estatal de medios, capaz de crear un marco de referencia que, respetando la libertad de expresión, garantice también el respeto a los derechos de todos", explicó.
Medidas para un periodismo de calidad
Lomana también se mostró crítica: "El periodismo actual está en la UVI. Hay que rescatar la verdad o desaparecerá", declaró. Para la autora, la competencia con las redes sociales carece de sentido, por lo que recordó que periodismo no significa "llegar el primero para impactar de cualquier manera". Pese a su visión algo pesimista de la situación del periodismo actual, la periodista señaló que "queda una segunda oportunidad: la educación". Lomana abogó por una formación a todos los niveles que incida en lo que es el "periodismo de calidad", con su proceso de investigación, contraste y verificación.
En relación a los "juicios paralelos", Ochoa, que se declaró "defensor a ultranza" de la figura del jurado popular, reconoció que "el sistema falla en garantizar la neutralidad necesaria" y que aquí "el periodismo tiene parte de responsabilidad".
Protección de la ciudadanía
El objetivo para todos los ponentes era claro: proteger al ciudadano en dos vertientes: por un lado sus derechos individuales, lo que incluye la no difusión de imágenes de víctimas o imputados que acarrean "la condena del telediario", según Campo Vidal; y por otro lado, el derecho a acceder a una información veraz. En este sentido, Navarro sugería "crear un listado que diferencie los medios que ofrecen noticias falsas de los que no", pues, para el presidente de la Audiencia Nacional, el ciudadano tiene derecho a saber "qué medios se están dedicando a malas prácticas en pos de aumentar su tráfico", aclaró.
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