Pérez-Llorca ha organizado un webinar para analizar los principales aspectos del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética remitido recientemente a las Cortes para alcanzar la neutralidad de emisiones. Alberto Ibort y Ana Cremades, Socio y Counsel de Pérez-Llorca, explicaron las principales implicaciones, retos y oportunidades que se presentan para los operadores y administraciones públicas en el ámbito del sector energético y medioambiental. La transición energética, el fomento de las energías renovables, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética en edificios y la movilidad urbana sin emisiones han sido algunos de los temas abordados durante el encuentro virtual.
La sesión fue inaugurada por Alberto Ibort, socio de Urbanismo y Medio Ambiente del Despacho, quien explicó la estructura del Proyecto de Ley, destacando el esfuerzo realizado por el legislador en la motivación de la oportunidad, conveniencia y contenido de la propuesta que consta de 36 artículos y 20 páginas de exposición de motivos. Ibort indicó que su aprobación busca alcanzar la neutralidad climática para 2050, la consolidación del principio de no regresión ambiental y el fomento de la eficiencia energética.
Objetivos de la Ley para 2030
Ana Cremades, Counsel de Derecho Público y Energía de Pérez-Llorca, continuó analizando los principales aspectos energéticos recogidos en el Proyecto de Ley que afectan al sector eléctrico. Sobre esto, Cremades explicó los objetivos nacionales establecidos para el año 2030 en materia de reducción de gases de efecto invernadero, de energías renovables y de eficiencia energética. Entre otros, destacó el compromiso de alcanzar un sistema eléctrico con, al menos, un 70 % de generación a partir de energías de origen renovable, el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el conjunto de la economía española en al menos un 20 % respecto a 1990 y la apuesta por mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en un 35 %.
Cremades continuó detallando una serie de medidas recogidas en el proyecto de ley que tienen como finalidad promover el uso de energías renovables. En relación a la generación eléctrica en dominio público hidráulico, la Counsel explicó que las nuevas concesiones que se otorguen tendrán como prioridad el apoyo a la integración de las tecnologías renovables en el sistema eléctrico. Asimismo, Ana Cremades hizo referencia a la inclusión dentro del Proyecto de Ley de una modificación de la Ley del Sector Eléctrico por medio de la que se permite al Gobierno desarrollar un nuevo marco retributivo para generación eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. Entre otras características, este marco retributivo está basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía, su otorgamiento se efectuará mediante procedimientos de concurrencia competitiva y el producto a subasta será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas.
Principales medidas para el sector de hidrocarburos, biogás y biocarburantes
Para finalizar, la Counsel de Pérez-Llorca explicó las principales cuestiones recogidas en el proyecto de ley y que afectan al sector de hidrocarburos, biogás y biocarburante. En particular destacó que, una vez que entre en vigor la norma, se prohíbe el otorgamiento de nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Por otro lado, señaló que el Gobierno estará obligado a establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes de transporte aéreo, haciendo un especial énfasis en los biocarburantes avanzados y en otros combustibles renovables de origen no biológico.
Movilidad y medioambiente: establecimiento de zonas de bajas emisiones
Alberto Ibort, por su parte, analizó las principales cuestiones de carácter urbanístico y medioambiental recogidas en la Propuesta de Ley. El socio de Pérez-Llorca señaló que se introduce la previsión de que el Código Técnico de Edificación establecerá obligaciones en relación a la instalación de puntos de recarga de vehículo eléctrico en edificios de obra nueva y en aquellos que requieran una rehabilitación, con el objetivo de promover una menor emisión de gases de efecto invernadero. Además, a la hora desarrollar la función del planeamiento urbanístico para la ordenación de las ciudades, se tendrá que valorar primero el impacto del cambio climático. En materia de contratación pública, Ibort indicó que, entre las consideraciones para los criterios de adjudicación, se tendrán en cuenta los principios de ahorro y eficiencia energética, así como el uso de materiales de construcción sostenibles y la utilización de medidas de adaptación al cambio climático.
Finalmente, y para concluir el encuentro, Alberto Ibort comentó algunas de las cuestiones medioambientales recogidas en el Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Entre otras, el socio resaltó que para el año 2023 la propuesta establece que todos aquellos municipios que tengan más de 50.000 habitantes deberán analizar y aprobar sus correspondientes zonas de bajas emisiones, así como procurar medidas para el impulso de la movilidad eléctrica compartida. Por ello, Ibort destacó que, si el texto definitivamente aprobado mantiene este horizonte temporal, las corporaciones locales dispondrán de un plazo aproximado de dos años para realizar el análisis técnico, medioambiental y regulatorio necesario para el establecimiento de dichas zonas de bajas emisiones.
