El Consejo de Ministros ha aprobado varias medidas, entre ellas, se encuentra la revalorización del 0,9% de las pensiones contributivas y de las Clases Pasivas y del 1,8% de las no contributivas (al igual que lo ha hecho el Ingreso Mínimo Vital), tal y como establece la Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2021.

Esta revalorización está destinada a mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y a la mejora en términos reales de la población con menores recursos. La medida tiene impacto sobre 11,12 millones de pensiones y prestaciones. En concreto, beneficia a 9,8 millones de pensiones contributivas, 665.000 pensiones de Clases Pasivas, 446.000 pensiones no contributivas y 200.000 prestaciones por hijo a cargo. El coste anual de la medida es de 1.464 millones de euros.

Con este incremento, la pensión de jubilación para mayores de 65 años, con cónyuge a cargo, alcanza los 851 euros al mes, lo que supone 11.914 euros al año. Además, la pensión máxima para 2021 se sitúa en 2.707,49 euros al mes, 37.904,86 euros anuales. La revalorización es efectiva desde el inicio de 2021 y ya se ha incluido en la nómina correspondiente a enero.

La intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones es que el próximo año la revalorización de las pensiones se pueda hacer con un nuevo mecanismo estable y que garantice el poder adquisitivo de las pensiones, tal y como establece el Pacto de Toledo en sus recomendaciones y se está debatiendo en la Mesa de Diálogo Social.

Salvaguarda

También se ha aprobado la prórroga durante un año de la llamada cláusula de salvaguarda para la jubilación. De esta forma, se garantiza el mantenimiento durante 2021, y con efectos desde el 1 de enero, de la aplicación de la normativa previa a la Ley 27/2011, del 1 de agosto, de actualización, adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social para determinados colectivos que vieron extinguida su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 y no pudieron incorporarse a un empleo después. Esta situación está condicionada a que después de esa fecha ninguna de estas personas haya sido incluida en algún régimen de la Seguridad Social.

Además, pueden acogerse las personas con relación laboral suspendida o extinguida como consecuencia de decisiones adoptadas en expedientes de regulación de empleo, o por medio de convenios colectivos de cualquier ámbito, acuerdos colectivos de empresa, así como por decisiones adoptadas en procedimientos concursales, aprobados, suscritos o declarados con anterioridad a 1 de abril de 2013.

Asimismo, se mantiene el derecho a elegir opción, es decir, estas personas pueden optar por la legislación ahora vigente.

Con esta medida, se busca proteger a aquellos trabajadores que salieron del mercado laboral a edad avanzada sin haber podido retomar su carrera profesional y con la consiguiente afectación directa en sus cotizaciones y prestaciones.

Simplificación administrativa

Por último, se incluyen varias medidas de simplificación administrativa y de intercambio de datos con otras administraciones, con el objetivo de mejorar la eficiencia y agilizar los trámites en el ámbito de la Seguridad Social.