San Sebastián, 27 mar (EFE).- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha reconocido la pensión de viudedad a la esposa de un trabajador de Patricio Echeverria en Legazpi (Gipuzkoa) fallecido de enfermedad profesional derivada del amianto y revoca la sentencia de un juzgado de lo social de San Sebastián que había establecido que la muerte fue producida por el tabaco.

La Sala de lo Social del TSJPV corrige al titular del Juzgado de lo Social Número 4 de San Sebastián que había negado ese derecho a la viuda porque el trabajador fallecido "fumaba y tenía un importante hábito tabáquico", ha informado el sindicato ELA en un comunicado.

El TSJPV señala que "revoca" este criterio y considera" que el carcinoma microcítico de pulmón por el que falleció el trabajador "deriva de enfermedad neoplásica de pulmón y ha de ser calificada de enfermedad profesional, por más que el mismo fuera fumador".

El carcinoma microcítico "ha de ponerse en conexión con el trabajo que desempeñó el fallecido" que consistía en manejar con una grúa las lingoteras que recogen el metal de la colada así como atender a las tareas de quitar el recubrimiento de los hornos de fundición y retirar los escombros que generaba.

La cabina de la grúa era abierta hasta 2003, señala la sentencia, que explica que la acería Patricio Echeverria utilizaba amianto y llevó a cabo las tareas de desamiantado entre 2002 y 2010, por lo que "es probable que el trabajador sufriera exposición" a esa sustancia "por el ambiente pulvígeno proveniente de las labores del proceso de colada, movimiento de cucharas, lingoteras, además de en las operaciones de limpieza de la grúa, hornos y proximidades".

ELA señala que el hecho de que hasta 2003 el trabajador no contase con una cabina cerrada evidencia "la falta de medidas de seguridad que sufrían los trabajadores que estaban en contacto con amianto".

La fundación de ELA para impulsar la salud laboral, Bidelagun, ha remarcado, "tal y como anteriormente han hecho otras asociaciones de víctimas del amianto", la "actitud del titular del Juzgado de lo Social número 4 de San Sebastián".

Según Bidelagun, el juzgado de lo Social Número 4 de San Sebastián es "un agujero negro" para las familias de afectados por amianto que "sufren una revictimización con sentencias que ignoran la propia jurisprudencia de la Sala de lo Social de TSJPV, como es el caso del hábito tabáquico".

ELA critica el "insuficiente control público" y la "falta de medidas de seguridad por parte de las empresas durante el siglo XX" y reclama a las instituciones que asignen los recursos suficientes para garantizar de manera efectiva el derecho a la salud de los trabajadores.

Asimismo pide que "se pase de las palabras a los hechos" y se apruebe el Reglamento de desarrollo del Fondo de Compensación para las víctimas que debía haber sido aprobado el 20 de enero y sin el cual las víctimas no pueden acceder a las indemnizaciones.