Madrid, 5 jun (EFE).- Temor, dependencia emocional o económica, infravaloración del riesgo, presión del entorno. Los factores que pueden llevar a una víctima de violencia de género a no declarar contra su agresor o solicitar que se levante una orden de alejamiento son múltiples y los expertos piden tenerlos en cuenta para protegerlas.

En 2022, según la información recopilada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 16.839 mujeres presentaron una denuncia por violencia de género y posteriormente renunciaron a prestar declaración contra su agresor, un 9,5 % del total.

El debate se ha reabierto tras el reciente asesinato machista en Vitoria de Maialen Mazón, una mujer que había pedido cancelar la orden de alejamiento que pesaba sobre su expareja, o la decisión del juez de Colmenar Viejo (Madrid) que, también a petición de la mujer, ha anulado la orden que dictó para protegerla tras retirar al matrimonio la custodia sus ocho hijos por presunto maltrato.

"Las prerrogativa de renunciar a una orden de protección no existe en la ley", resalta a EFE la abogada Ángela Alemany, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, quien apunta que solo el juez tiene esa potestad.

Aunque la víctima decida dar un paso atrás la investigación de los casos de violencia de género debería seguir abierta, dado que se trata de un "delito de oficio", explica la abogada, quien subraya que una agresión de este tipo "es perseguible independientemente de lo que diga la víctima".

Pese a ello, su declaración "es muy importante" porque, aunque haya incluso lesiones físicas, "si no se acredita cómo se han efectuado no existe la prueba". Cuando la mujer decide no declarar o retirar la denuncia, lamenta, "es muy difícil seguir con la acusación o que se dicte una sentencia condenatoria".

DEL MIEDO, A LA CONFIANZA EN QUE TODO CAMBIARÁ

Entre las razones por las que éstas mujeres deciden dar un paso atrás destacan la "situación de especial vulnerabilidad" de las víctimas y el aislamiento de su entorno que los agresores suelen provocar, según explica a EFE la profesora titular del Departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Sevilla e investigadora especializada en violencia de género María Jesús Cala.

Otros motivos son la "minusvaloración del riesgo que corren" derivada de la convivencia diaria con la violencia que sufren o los "mitos del amor romántico", que dificultan la ruptura al hacerles sentir "responsables" y les generan la "creencia falsa de que él va a cambiar", concreta la experta.

Además, las víctimas son conscientes de que cuando manifiestan la intención de separarse o denuncian "su riesgo se incrementa", advierte Cala, para quien es importante "no responsabilizar" a estas mujeres de la violencia que sufren porque "hacen todo lo posible por salir de ella, y a veces creen que dando segundas oportunidades a su pareja la situación puede cesar".

LA DISPENSA DE DECLARAR

La dispensa de la obligación de declarar contra un familiar es la principal causa que motiva el sobreseimiento de un procedimiento o una sentencia absolutoria, aunque en la última memoria de la Fiscalía se señalaba que la reforma aprobada en 2021 para limitar ese derecho parecía que empezaba a dar frutos.

Sin embargo, los fiscales alertaban de que cuando se informa a las víctimas de que están obligada a declarar se muestran reticentes, responden de forma vaga e incluso, en varios casos, llegan a autoinculparse, argumentando que no se le entendió bien, que estaba mal psicológica o anímicamente y que, realmente, la culpable de lo acontecido fue ella.

En este contexto, la Fiscalía advertía de que una reforma que buscaba proteger a las víctimas y erradicar los espacios de impunidad podía incluso volverse en contra de la mujer si no se investigaban las causas que la llevaban a adoptar esa postura, como el temor a su agresor, la dependencia emocional de él o la presión del entorno.

Subrayaba así la necesidad de realizar interrogatorios no revictimizantes y de tener en cuenta todas las circunstancias que rodean las declaraciones de estas víctimas.

Y apostaba de nuevo por una reforma que impida a las víctimas del delito acogerse a la dispensa de la obligación de declarar, arbitrando fórmulas para impidan iniciar procedimientos contra estas mujeres que se oponen por su propia condición de víctimas.