La oportuna perogrullada de Mainat sobre el proceso penal

El testimonio de Josep Maria Mainat el pasado día 15 de julio en el juicio contra Ángela Dobrowolski en la sede de la Audiencia Provincial de Barcelona sirve para plantear algunas cuestiones jurídicas de interés. Mainat, el célebre productor de televisión, expresó públicamente su deseo de que su esposa no sea condenada a menos que se demuestre sin lugar a dudas que intentó asesinarlo. Este comentario, aunque lleno de buenas intenciones, refleja una obviedad en el Derecho Penal: la condena solo puede imponerse cuando se atribuye responsabilidad criminal por un hecho acreditado con trascendencia jurídico-penal cuya autoría queda demostrada más allá de toda duda razonable.

Mainat explicó durante su testimonio que, a pesar de las lagunas en su memoria de la noche del presunto intento de asesinato, le resultaba difícil aceptar que su esposa hubiera intentado matarlo después de diez años de matrimonio. Subrayó que su objetivo en el juicio no era condenarla, sino aclarar los hechos. Este punto de vista, aunque comprensible desde una perspectiva personal y emocional, es consistente con los principios fundamentales del Derecho Penal.

En el Derecho Penal, la atribución de responsabilidad criminal y la consecuente imposición de una condena penal requieren una demostración clara y contundente de la culpabilidad del acusado. Esto se deriva del principio de la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, que establece que toda persona es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Este principio garantiza que ninguna persona pueda ser condenada sin que exista prueba suficiente y concluyente de su participación en el hecho delictivo.

Además de la presunción de inocencia, el principio in dubio pro reo juega un papel crucial en el proceso penal. Este principio establece que, en caso de duda razonable sobre la culpabilidad del acusado, el tribunal debe optar por la absolución. La diferencia entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo radica en que la primera es una garantía procesal y un derecho fundamental del imputado, mientras que la segunda es una norma interpretativa dirigida al juzgador. La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 505/2016, de 9 de junio, ha clarificado que el principio in dubio pro reo obliga al juzgador a inclinarse en favor del procesado en aquellos casos donde las pruebas presentadas dejan dudas sobre su culpabilidad.

El testimonio de Mainat, en el que manifiesta su esperanza de que su esposa no sea condenada si no se demuestra su intento de asesinato, puede parecer una perogrullada, pero en realidad subraya la importancia de estos principios fundamentales. Mainat destacó que Ángela Dobrowolski llamó a los servicios de emergencia cuando él perdió el conocimiento, lo que, en su opinión, podría indicar arrepentimiento si es que realmente hubiera intentado matarlo. Este aspecto del caso resalta la complejidad de evaluar la intención criminal y la importancia de un juicio justo y detallado.

Desde una perspectiva constitucional, la diferencia entre la presunción de inocencia y el principio in dubio pro reo resulta esencial. La presunción de inocencia es un derecho fundamental protegido por el artículo 24 de la Constitución y se puede invocar en cualquier etapa del proceso judicial. En cambio, el principio in dubio pro reo entra en juego solo durante la valoración de la prueba, cuando el tribunal debe decidir sobre la culpabilidad del acusado. Este principio se aplica cuando, a pesar de una actividad probatoria adecuada, persisten dudas razonables en la mente del juzgador.

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha establecido claramente que el principio in dubio pro reo debe ser aplicado en casos donde el tribunal reconoce la existencia de dudas razonables sobre la culpabilidad del acusado. Por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 999/2007, de 12 de julio, se subraya que este principio se puede invocar en casación cuando el tribunal de instancia ha planteado dudas evidentes y, sin embargo, ha condenado al acusado. En tales casos, el principio in dubio pro reo se convierte en una salvaguarda adicional para asegurar que no se condene a una persona sin pruebas concluyentes.

La jurisprudencia también aclara que el principio in dubio pro reo no puede ser utilizado para generar dudas donde no las hay. Si el tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el principio carece de aplicación. Esto se reitera en diversas resoluciones, como la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala II) 666/2010, de 14 de julio, que afirma que el principio in dubio pro reo no debe determinar la aparición de dudas inexistentes, sino guiar la decisión en casos de dudas reales.

En el caso concreto del juicio contra Ángela Dobrowolski, el tribunal deberá evaluar todas las pruebas presentadas con la mayor rigurosidad. La llamada al SEM por parte de la acusada puede ser interpretada de diversas maneras, y es responsabilidad del tribunal determinar si este acto es consistente con un intento de asesinato seguido de arrepentimiento o si sugiere otra interpretación más favorable para la acusada. La valoración de estas pruebas deberá hacerse siempre bajo los principios de la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, garantizando así un juicio justo y equitativo.

La declaración de Mainat, aunque emotiva y personal, no incide en los fundamentos jurídicos que rigen el proceso penal, pero los recuerda. La obligación del tribunal es asegurar que se haga justicia de acuerdo con la ley y los principios constitucionales, evaluando objetivamente todas las pruebas y resolviendo cualquier duda en favor del acusado. Así, solo se dictará una sentencia de condena contra Ángela Dobrowolski si se demuestra, más allá de toda duda razonable, que ella intentó asesinar a Josep Maria Mainat. Este enfoque asegura que el proceso penal respete los derechos fundamentales y las garantías procesales de todas las partes.