La Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado ha emitido, según la web Parlamenta.es, un dictamen, dirigido a todas las fiscalías, para tramitar las Ordenes Europeas de Investigación (OEI), que entraron el 22 de mayo en vigor, mientras España incorpora a su ordenamiento la Directiva 2014/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, que las regula.
La Directiva aprobada por la Fiscalía General del Estado desarrolla los mecanismos jurídicos internacionales para que los fiscales puedan solicitar directamente a sus homólogos de la Unión Europea las pruebas pertinentes para su incorporación en los procesos abiertos en España.
Dada la importancia de este documento y hasta que la transposición sea efectiva, la Fiscalía General del Estado, a través de la fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional, Rosa Ana Morán, ha emitido el citado Dictamen para tratar de paliar este retraso legislativo.
Según este documento, hasta que entre en vigor la Ley de transposición “los fiscales velarán porque se tramiten conforme a los Convenios o normas europeas invocadas y aplicables al caso las solicitudes recibidas de otros Estados miembros, tanto si se trata de comisiones rogatorias como de ordenes europeas de investigación”.
La Directiva se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en lo que respecta a la obtención de pruebas para su uso en procedimientos penales. Se aplica a todos los países de la UE excepto Dinamarca e Irlanda, que no participan en ella. El Reino Unido, en cambio, decidió participar. Se trata de un instrumento que sustituye a los regímenes de asistencia judicial mutua existentes en la UE para la obtención de pruebas, en particular el Convenio de Asistencia Judicial de la UE de 2000 y la Decisión marco 2003/577/JHA sobre el aseguramiento de pruebas.
En particular, la orden europea de investigación permite el traslado temporal de detenidos con el fin de reunir pruebas; faculta a los fiscales para la consulta de las cuentas bancarias y las operaciones financieras de los sospechosos o acusados; permite las investigaciones encubiertas y la interceptación de telecomunicaciones; e incluye las medidas de protección de pruebas.
La Comisión ha anunciado que presentará soluciones para mejorar el acceso transfronterizo a las pruebas electrónicas en el Consejo de Justicia de la UE que está previsto el próximo 8 de junio.
Transcurrido el plazo de transposición, el Ejecutivo comunitario ha comunicado que analizará el estado de dicha incorporación y se dirigirá a los Estados miembros que aún no hayan tomado las medidas pertinentes.
España es uno de los siete estados miembros de la UE, con Austria, Bélgica, Bulgaria, Estonia, Eslovenia, y Suecia que presentaron la iniciativa el 21 de mayo de 2010 para una orden europea de investigación. La Directiva fue conjuntamente adoptada en 2014 por el Consejo y el Parlamento Europeo.
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