El Juzgado de lo Penal nº 1 de Castellón ha iniciado un juicio crucial que busca esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del recluso Manuel Fernández Jiménez en la prisión de Albocàsser, ocurrida en octubre de 2017. La familia del fallecido, apoyada por la Federación Nacional de Mujeres Gitanas KAMIRA, acusa a la médica del centro penitenciario de un error médico que resultó en un supuesto homicidio imprudente.

Detalles del caso

Según la acusación, el trágico evento se desencadenó por la administración incorrecta de metadona. Manuel Fernández, quien debía recibir 20 mgr de esta sustancia, recibió por error 85 mgr. Este supuesto error médico es señalado como la causa directa de su fallecimiento. La familia del difunto alega que no se siguieron los protocolos adecuados para tratar una sobredosis, lo que podría haber salvado la vida de Fernández.

El caso ha generado una fuerte respuesta por parte de la comunidad y los familiares de Fernández, quienes han llevado a cabo varias concentraciones demandando claridad y justicia. Las investigaciones preliminares y el expediente penitenciario han confirmado la causa de la muerte, lo que impulsó a que no se archivara el caso y se iniciaran diligencias que culminaron en este juicio.

Acusaciones y demandas

La acusación formal contra la médica implica una petición de dos años y dos meses de prisión, además de una inhabilitación profesional de tres años. También se busca una indemnización para la familia del fallecido y se ha solicitado que el Estado asuma responsabilidad civil, dado que el incidente ocurrió dentro de las instalaciones estatales de la prisión Castellón II.

Este caso pone de relieve la importancia de la supervisión médica y los protocolos de seguridad en las instituciones penitenciarias. Además, resalta las dificultades que enfrentan las familias de los reclusos para obtener información y justicia en casos de negligencia médicas o errores médicos dentro del sistema penitenciario.

A medida que el juicio avanza, se espera que no solo se aclaren los hechos y se establezca responsabilidad, sino que también se revisen y mejoren las prácticas médicas en las prisiones para prevenir incidentes similares en el futuro. El resultado de este caso podría tener implicaciones significativas para cómo se manejan los protocolos de salud en las cárceles de toda España, posiblemente llevando a reformas que aseguren mejor atención y prevención de errores médicos en estos entornos.

Este juicio no solo busca justicia para Manuel Fernández y su familia, sino que también llama la atención sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema penitenciario para proteger la salud y los derechos de los reclusos en España.