•    Tras presentar el pasado mes de julio aportaciones para una reforma del Código Penal, la asociación de operadores jurídicos ha trasladado al Ministerio de Justicia propuestas para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

•    "Es importante dar solución a algunos de los principales problemas detectados en la práctica en la investigación y enjuiciamiento de los delitos contra los animales" señalan desde INTERcids.

El pasado mes de octubre el Ministerio de Justicia sometía a consulta pública unos planteamientos generales de cara a la reforma que pretende realizar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Algo que celebra la asociación INTERcids, Operadores jurídicos por los animales, cuyo equipo técnico manifiesta su total acuerdo con la necesidad de que esta norma se adapte adecuadamente a la evolución de los fenómenos delictivos, de sus manifestaciones y de su regulación en el ordenamiento jurídico-penal.

En el caso de los delitos contra los animales, el enjuiciamiento de estos tipos delictivos presenta particularidades y necesidades muy específicas, derivadas de la propia naturaleza de dichos animales, que no pueden ser tratados como bienes, sino que han de ser contemplados durante todo el procedimiento como seres vivos con capacidad de sentir. La experiencia ha demostrado que es urgente una adaptación de determinados aspectos procesales (en relación con las diligencias de investigación, o el decomiso, por ejemplo), que den debida respuesta a esas necesidades.

Incluir expresamente a los animales en el procedimiento de decomiso

La tipificación penal de conductas contra los animales conlleva la necesidad práctica de que haya que proceder a su decomiso en determinadas circunstancias. Sin embargo, en la regulación que actualmente recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el decomiso no se hace referencia a los animales.

El equipo técnico de INTERcids ha propuesto enmiendas al texto actual a fin de solventar esta carencia. "El destino que se dé a los animales decomisados debe ser en garantía de su protección y bienestar, ya que no se trata de bienes inertes, sino de seres vivos sintientes, cuya integridad debe quedar garantizada", señalan.

'Realización anticipada': resolver sobre el destino de un animal, antes de la sentencia

Cuando en el desarrollo de un procedimiento judicial se han decomisado animales como medida para proteger su vida o integridad, con frecuencia se produce la contradictoria circunstancia de que dicho decomiso acaba conllevando una situación perjudicial para los mismos: su obligada retención en un centro de acogida, donde deben permanecer, en ocasiones durante años, con implicaciones para su salud, innecesarios gastos asociados y sin posibilidad de adopción definitiva hasta la resolución del procedimiento con resolución judicial sobre su destino.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece una herramienta para poder resolver estas situaciones, a través de la 'realización anticipada'. "La herramienta ya existe, pero está pensada para bienes. Proponemos al Ministerio de Justicia su adaptación, con previsiones específicas para los animales, adecuadas a su naturaleza y necesidades", declaran desde la entidad.  

Nuevas diligencias de investigación en delitos contra los animales

En los delitos contra los animales es frecuente encontrarse con la necesidad primera y prioritaria de que el animal deba ser asistido de urgencia. Por ello, entre las primeras diligencias de investigación INTERcids ha propuesto incluir el requerimiento de veterinario, a fin de procurar la asistencia sanitaria que necesite el animal. "Esta primera asistencia, además, permitirá determinar desde el principio el alcance de las lesiones, facilitando en su caso la posterior determinación en el procedimiento judicial".

En el caso de que los animales se encuentren sin vida, es preciso que la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevea la obligación de proceder a su identificación, en base a cuantos datos externos puedan recogerse en ese momento (microchip, tatuaje, collar o placa, rasgos físicos, testimonios, etc.), y posteriormente dar traslado del cadáver a centro veterinario habilitado para su necropsia y preservación de muestras.

Fortalecer la acción popular en delitos contra animales

Entre sus consideraciones, INTERcids también ha trasladado que esta reforma es una buena oportunidad para favorecer el acceso al proceso judicial por parte de la acción popular en estos tipos delictivos. Al margen de la indiscutible y esencial función del Ministerio Fiscal en este aspecto, el impulso de los procedimientos por delitos contra los animales a través de entidades de protección animal, debidamente legitimadas para ello, constituye una garantía en la protección y defensa del bien jurídico protegido en estos delitos. "La Ley debe resolver, por ejemplo, la gran disparidad de criterios que se detecta en los Juzgados en la práctica a la hora de imponer o no fianzas a estas entidades, cuyas cantidades son muy oscilantes", indican desde la entidad.

En relación con la defensa de los animales en los procedimientos por conductas contra ellos, INTERcids ha trasladado también la oportunidad de valorar, en línea con la creciente sensibilidad social, la ampliación de la propia consideración de víctima a los animales: por coherencia con la protección que actualmente ya les otorga el ordenamiento jurídico penal, y por la consolidada constatación científica y consideración legal y social como seres sintientes.

Dotación de medios a la Administración de Justicia, una cuestión ineludible

Por último, aunque efectivamente existe una evolución en los fenómenos delictivos, y que es preciso realizar adaptaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptarla a la realidad actual, no puede obviarse que existen problemáticas detectadas en el proceso penal que no necesariamente tienen que ver con su regulación en la norma procesal, sino más bien con una carencia de los recursos necesarios para poder aplicarla con eficacia y garantías. Por ello, INTERcids ha insistido en que cualquier reforma en este sentido que se pretenda exitosa requerirá de una adecuada dotación de recursos a la Administración de Justicia, imprescindible para que dicha reforma no se vea obstaculizada por la misma problemática que se atribuye al actual sistema.