La jueza del ‘caso Kokorev’, el proceso que se sigue en Las Palmas de Gran Ganaria desde hace una década contra el supuesto ‘amigo’ de Teodoro Obiang en España, el empresario hispano-ruso Vladimir Kokorev, deberá pronunciarse sobre el cierre de las diligencias en marcha a fin de rematar la instrucción o, por el contrario, sobre el archivo de una causa que a tenor de la defensa del investigado adquiere la forma de “una investigación prospectiva iniciada contra personas ecuatoguineanas de las que ninguna sigue hoy en la instrucción, y cuyo nudo y desenlace es incapaz de establecerse jurídicamente por los propios investigadores”.

Casi diez años después de la querella inicial, Vladimir Kokorev, operado recientemente del corazón, sigue con la prohibición de disponer de su patrimonio y de desplazarse más allá de la isla de Gran Canaria, en cuya prisión pasó treinta meses en unas circunstancias denunciadas desde el Parlamento Europeo y que serán llevadas al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Los abogados de quien está bajo sospecha de blanquear más de veinte millones de euros (ingresos que ha acreditado mediante facturas emitidas al Estado de Guinea Ecuatorial hace ya quince años) aseguran que la instrucción es “elefantiásica y universal”, y añaden en un escrito reciente al juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas que “no terminaría nunca de no haber operado la reforma introducida por la Ley  41/2015,  de  5  de  octubre,  de  modificación  de  la  Ley  de Enjuiciamiento Criminal  para  la  agilización  de  la  justicia  penal  y  el  fortalecimiento  de  las garantías procesales”.

En este sentido, apostillan que no sólo Vladimir Kokorev sino su esposa e hijo, a los que se mantuvo preventivamente encarcelados durante dos años, padecieron unas medidas injustificadas en un Estado de derecho que, al aplicar la justicia penal, tiene por todos los medios que “evitar que una persona tenga que soportar el coste, incluso personal, de un juicio penal si no existen indicios racionales de que ha podido cometer un delito (…) no se trata sólo de que haya o no juicio: es que la decisión de que se lleve a cabo el enjuiciamiento conlleva la carga de la defensa, la zozobra de verse expuesto a una petición de penas, y la  posible adopción de medidas cautelares”.

La sombra del fraude procesal en investigadores y querellantes

En una semana en la que se plantea en los ambientes políticos y judiciales que falsear la demanda contra el juez Llarena sitúa a Puigdemont al borde de la estafa procesal, en la medida en que si la defensa de Puigdemont fuera conocedora de la ‘infidelidad de la traducción’ la investigación por estafa procesal no sólo podría afectar al expresident sino también a sus letrados, el abogado de la esposa de Vladimir Kokorev, Antonio José García Cabrera, recuerda que “la querella inicial contra el señor Kokorev, que data nada menos que de 2008, se vale como sustento de una traducción errónea de la investigación que inicialmente pretende alcanzar ‘al clan de Teodoro Obiang’”.

Aquella querella que dio origen al proceso, en efecto, versaba sobre la presunta ocultación deliberada de cantidades provenientes de una cuenta bancaria de Guinea Ecuatorial a favor de Kalunga, la empresa del supuesto testaferro hispano-ruso. “Esta sociedad se da por hecho por los querellantes que estaría controlada por el clan de Obiang, que habría utilizado como ‘hombre de paja’ al señor Kokorev. Lo sorprendente y denunciado (lo conocen la jueza Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río) es que esta conclusión se alcanza mediante una traducción torticera de un Informe del Senado de Estados Unidos sobre casos de corrupción en distintos países, informe en el que jamás se señala que Kalunga sea una empresa pantalla del líder de Guinea Ecuatorial (…) el auténtico titular de la cuenta era Vladimir Kokorev, y las transferencias provenían de diferentes ventas de suministros y servicios prestados año tras año con todas las formalidades pertinentes al gobierno ecuatoguineano”.

En las distintas condenas que ha sufrido España por tolerar dilaciones indebidas en procedimientos judiciales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le ha recordado al poder judicial la obligación de cumplir irremediablemente con la exigencia del derecho a “obtener una decisión definitiva en un proceso dentro de un plazo razonable”, por lo que ahora se apremia a la jueza canaria.

En los aparentes estertores de la instrucción, las próximas semanas se espera la comparecencia del ‘testigo estrella’ de la causa, el ex abogado de la familia Kokorev, Ismael Gerli, que entregó hace tres años a la UDYCO canaria supuesto material informático incriminatorio que, mediante pericias independientes, ha quedado acreditado que ha estado fuera de control judicial, habiendo sido manipulado sin respeto a la cadena de custodia.