​“El retraso en la conclusión de los procesos pone en crisis toda la legitimación y todos los postulados del derecho procesal penal. Se está lesionando de modo intolerable el derecho a la presunción de inocencia al superar el proceso el límite de lo razonbable”. El alegatoes de Antonio J. García Cabrera, abogado de Julia Maleeva, esposa de Vladimir Kokorev, el empresario jubilado hispano-ruso señalado por sus negocios de dudosa legalidad con el régimen de Teodoro Obiang que le habrían permitido ingresar veinte millones de euros a través de una compañía naviera.

Tras una década de instrucción, en un procedimiento de tintes insólitos, las defensas de quien permanece junto a su mujer sin posibilidad de salir cautelarmente de la isla de Gran Canaria denuncian “las graves restricciones a la libertad” que se vienen produciendo, “los daños irreparables” tras más de dos años de prisión preventiva para Vladimir y Julia, hablan de un “litigio casi interminable” e incluso, citan a Shakespeare para señalar los trastornos que la investigación de la jueza de Las Palmas Ana Isabel de Vega y el fiscal Luis del Río Montesdeoca están produciendo: “la lentitud de los tribunales es una de las causas que pueden aniquilar a un hombre”. 

​Mientras Del Río pidió una nueva prórroga de 18 meses a la causa apelando a su complejidad, De Vega sigue sin pronunciarse a pesar de que los meses corren. Hasta tal punto que García Cabrera -que acaba de asumir la dirección de la causa del comisario José Manuel Villarejo-, especialmente en el caso de su clienta Juliahabla de la “pena por sospecha: se está sometiendo a la investigada a condiciones de semipenalización que se manifiestan y encuadran en un carácter idéntico a la pena que ya se atribuye al proceso: humillación y descrédito”.

​El letrado señala a la situación de doble incertidumbre y al “castigo desde el punto de vista psicológico y sociológico” que se le está infligiendo especialmente a una ama de casa “que en absoluto llevó a cabo la dirección o gestión o administración o participación en modo alguno de forma activa en los negocios de su marido”, acreditados con documentos oficiales de la Fiscalía de Guinea Ecuatorial ante el juzgado de instrucción nº5 de Las Palmas.

Así, y en relación a la desmesurada demanda de una instrucción que aparenta estar empantanada, se señala en el escrito dirigido al juzgado que “una cosa es prorrogar la instrucción porque quedan por acordar diligencias de investigación y averiguación de los hechos, y otra que queden por practicarse o acordarse diligencias ya acordadas (…) no hay ninguna nueva línea de investigación incipiente”.

 

Investigación prospectiva y alteración de materiales incautados 

​Sin perspectiva penal de un juicio en el horizonte, según ha reconocido la propia Audiencia Provincial de Las Palmas en uno de sus escritos, los abogados de la familia hispano-rusa aseguran que “se está extendiendo sin límite una investigación dirigida a explorar, sin verdadero soporte real, el posible hallazgo de eventuales infracciones penales”, y esto, en una dinámica en la que “se han acumulado hipótesis subjetivas y plasmaciones de suposiciones”.

​Entre las sombras del caso aparece el propio papel de la fuerza policial, la UDYCO canaria, que antes del verano admitió ante la jueza De Vega no haber respetado los protocolos de recogida de material informático sobre el que se ha construido una acusación aún no formalizada. Los agentes, denunciados por manipular presuntamente pruebas informáticas (como acreditó una periciaindependiente presentada por Vladimir Kokorev), respondieron a los indicios pesados de haber destruido, inutilizado u ocultado, total o parcialmente documentos cuya custodia les estaba encomendada por razón de su cargo; unos hechos por los que podrían incurrir “en penas de prisión de uno a cuatro años, multa de siete a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años”.

En un cajón de la Fiscalía General del Estado duerme igualmente desde hace meses un expediente por presuntasirregularidades/ilegalidades en la investigación. El dossier fue abierto después de que el Parlamento Europeo denunciase en diversos foros (Bruselas y Estrasburgo) las condiciones ilegales de prisión preventiva aplicadas a Vladimir Kokorev durante casi 30 meses. Mientras se decide sobre la libertad de su esposa, las pesquisas han sido archivadas en dos ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción.