Madrid, 12 dic (EFE).- El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha negado este jueves ante el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haber cobrado comisiones ilegales por parte del empresario Víctor de Aldama a cambio de favores políticos o contratos públicos durante su etapa en el Ministerio.

"No hubo ningunas comisiones", ha asegurado ante los medios el también ex secretario de Organización del PSOE a la salida de su declaración en el alto tribunal, donde estaba citado como investigado por su presunta implicación en el conocido como caso Koldo, al que dio nombre su exasesor, Koldo García.

Ábalos, que fue suspendido de militancia del PSOE tras el estallido de este caso, ha protagonizado una declaración de unas tres horas en las que no ha señalado a nadie del Ejecutivo, y ha descartado que hubiese cualquier tipo de amaño en adjudicaciones públicas cuando estaba al frente de Transportes (2018-2021), según informan a EFE fuentes jurídicas.

El también diputado por Valencia, actualmente en el Grupo Mixto, ha explicado que era su exasesor Koldo García quien tenía relación con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, y a quien encargó gestionar los contratos públicos de mascarillas y material sanitarios en los que se investiga si se cobraron comisiones.

Las fuentes apuntan a que Ábalos ha descargado así la responsabilidad en Koldo García, que declarará el próximo martes en el Supremo, un día después que Víctor de Aldama, que ha mostrado su intención de colaborar con la Justicia a cambio de su salida de prisión, hace unas semanas.

Y como estaba previsto, el exministro de Transportes ha tratado de desmarcarse, punto por punto, tanto de las acusaciones que vertió en su contra este empresario, como de los indicios que recopiló la Guardia Civil en un informe que sirvió para que el juez de la Audiencia Nacional pidiese su imputación en el Supremo.

Ha negado haber recibido de él comisiones en efectivo o en especie ni por los contratos de mascarillas ni por cualquier otro asunto, y ha rechazado sus últimas acusaciones de contratos preadjudicados a constructoras, según las fuentes.

También se ha desmarcado de la supuesta operación por la que, según De Aldama, él obtendría un piso en el Paseo de la Castellana, en Madrid, como garantía del compromiso de varias constructoras de pagar comisiones.

Como en otras ocasiones, el exministro ha explicado que fue engañado con el contrato de dicho piso, porque estaba ocupado y nunca pudo acceder a él, y también ha rechazado que el uso y disfrute un chalé en la provincia de Cádiz sea una contraprestación, como sostiene la Fiscalía, porque se trata de un inmueble en el que abonó varios meses de alquiler.

Según las fuentes, otro de los aspectos de los que se ha desvinculado ha sido la contratación por parte de dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec) de la mujer con la que mantenía una relación personal y a la que la Fiscalía cree que la trama le pagó el alquiler de su piso en Madrid como contraprestación a Ábalos.

El exministro cree haber dado ante el juez "las aclaraciones suficientes" -"nada ha quedado en el tintero", ha dicho- en una comparecencia en la que "se han tocado todos los extremos ya conocidos y publicados" y en la que se ha comprometido a entregar oficialmente la documentación que acreditaría su versión.

Su primera declaración ante un juez desde que estalló el caso se ha producido en medio de una gran expectación mediática y medidas de seguridad.

Ábalos ha llegado a las 09:40 horas en taxi acompañado de su letrado y ha abandonado el tribunal en un coche negro a las 14:50 horas tras una comparecencia que ha comenzado con polémica después de que el juez no haya permitido a las acusaciones populares, salvo al PP, acceder a la sala.

Este miércoles, el juez Puente acordó que el PP represente a las siete acusaciones populares personadas, por ser la primera en hacerlo, para evitar dilaciones indebidas.

Las acusaciones han visto en la negativa del juez a presenciar la declaración un intento de "limitar el acceso a la justicia", que supone "de facto la abolición de las acusaciones populares".

Aunque "lo más grave" es que se pretende "expulsar a las acusaciones populares", cuando, han recordado, gracias a ellas se han llevado a cabo las mayores causas de corrupción en este país.