En 2023 la entrada en vigor de la Ley 2/2023 de Protección al Informante ha marcado un hito en el impulso de la transparencia y la integridad tanto en entidades públicas como privadas. Gracias a la implementación de esta Ley se han conseguido dos fechas muy importantes para las empresas españolas. La primera fue  en marzo, con la obligatoriedad para todas las empresas con más de 250 empleados de implementar este sistema. La segunda fecha, el 1 de diciembre, amplía la medida a empresas con más de 50 trabajadores, asegurándose así que un número más amplio de organizaciones cuente con un mecanismo efectivo que permita a los empleados denunciar prácticas delictivas o irregulares sin temor a represalias.

En un reciente estudio acerca de las prácticas de ética y cumplimiento en las empresas pertenecientes al IBEX 35, se ha revelado un panorama positivo para el sector. El informe ha destacado que un 66% de las compañías en el IBEX 35 reconocen los riesgos relacionados con el cumplimiento, la ética y la integridad como los aspectos más cruciales en su funcionamiento. Este hallazgo pone de manifiesto la creciente conciencia dentro del sector empresarial respecto a la importancia de mantener altos estándares éticos y de cumplimiento.

Dentro de las empresas, el núcleo de esta ley reside en la obligación de establecer sistemas internos de información, diseñados para proporcionar a los empleados un canal seguro para fortalecer la cultura organizacional y prevenir riesgos legales. De está forma, toda persona que informe sobre una irregularidad podrá evitar consecuencias negativas, como el despido, el traslado, la degradación o la intimidación.

De este modo, el sistema interno de información, que debe estar ya implementado, se revela como una pieza fundamental para el buen funcionamiento de la empresa. La necesidad de adoptar estándares que garanticen la confidencialidad y la eficacia de estos mecanismos se muestra evidente, siendo este un campo en el que la experiencia en ética empresarial y compliance puede marcar la diferencia.

Además, se ha introducido la figura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante que es esencial para cerciorarse que las empresas están cumpliendo con la ley. Este organismo actúa en la supervisión y protección de los denunciantes, subrayando la necesidad de una aplicación rigurosa de las normativas. De lo contrario,  podrían penalizar a las empresas con sanciones de entre 600.001€, si se considera infracción grave, o 1.000.000€ si es muy grave

Cada vez son más las empresas comprometidas con la implementación de los sistemas internos de información conforme a la nueva ley, hemos presenciado un cambio hacia unos estándares más ecuánimes. No obstante, es necesario reconocer que este progreso es apenas el inicio de un camino más extenso. La tarea de prevenir situaciones injustas y fortalecer la integridad en el ámbito empresarial es un compromiso continuo que requiere la participación activa y constante de todas las partes involucradas. Hay que seguir trabajando desde todas las esferas para consolidar un entorno donde la justicia y la equidad sean los pilares fundamentales, asegurando que cada empresa, sin importar su tamaño, contribuya de manera positiva al tejido ético de nuestra sociedad.

Por todo esto, la Ley de Protección al Informante representa un avance audaz hacia una mayor transparencia y ética. Aunque presenta desafíos, esta ley, con su enfoque en la protección de los informantes y la colaboración intersectorial, establece un estándar vital para construir organizaciones y sociedades más justas y éticas.