La primera disputa de unos padres separados sobre si vacunar o no a sus hijos adolescentes contra el Covid ya tiene fallo judicial. Una jueza de Barcelona  ha dado la razón a la madre, que era partidaria de inmunizar a sus hijos y practicarles pruebas PCR, frente al padre, contrario por completo a estas acciones.

La jueza del Juzgado de 1ª Instancia 51 de Barcelona, Eva Atarés, ha considerado tras valorar la documentación y escuchar a todas las partes, que “lo más beneficioso” para los dos hijos -de 15 y 16 años- es que sea la madre la que tome la decisión. En el caso del mayor de los hijos, de 16 años, será él quien tenga la última palabra.

La justicia “no puede autorizar la administración de vacunas” contra el coronavirus, pero sí tiene la potestad para establecer “qué progenitor tiene la facultad de decidir,” en base siempre al beneficio de los menores, determina la sentencia. En este caso, ha decidido que sea la madre, ya que “no hay nada que impida la aplicación de la dosis a los hijos”.

Anna Boza, la abogada de la madre de los adolescentes, se ha basado en la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 8 de abril, que avala la vacuna obligatoria como “medida necesaria y promocional a un Estado Democrático de Derecho”.

Ante la imposibilidad de los padres de llegar a un acuerdo, la letrada interpuso ante los tribunales una demanda de jurisdicción voluntaria, que ha tardado cuatro meses en resolverse. “Siempre apelamos al consenso entre las partes, pero en esta ocasión el padre no sólo se mostraba en contra de la vacuna, sino también de que los niños se realizaran pruebas PCR y no podíamos dilatar más en el tiempo su aplicación”, declara Boza.

La letrada es partidaria de que los centros educativos pidan el certificado de los alumnos por el bien de todos, por solidaridad con los demás alumnos y familia. “Se trata de prevención, en interés del menor. Es una cuestión de salud pública”.