Laura Zornoza

Estrasburgo (Francia), 14 feb (EFE).- Por primera vez en su historia, el Parlamento Europeo confirmó este martes la sanción más grave que permiten sus normas internas en casos de acoso psicológico de un eurodiputado a sus asistentes: la pérdida de 30 días de dieta (unos 10.000 euros) y la suspensión de su actividad parlamentaria durante el mismo tiempo. La sancionada es la socialista española Mónica Silvana González.

Desde que la institución reformó sus normas sobre este tipo de casos en 2018, la sanción más grave había sido de 15 días para la liberal luxemburguesa Mónica Semedo. El castigo de González (Buenos Aires, 1976), que duplica esa sanción, responde a su comportamiento con sus tres asistentes desde casi el inicio de la legislatura en julio de 2019 hasta el verano de 2021, cuando presentan las tres denuncias.

El relato -y las pruebas que lo sostienen- de los asistentes, que ha podido confirmar EFE, recoge los episodios de acoso psicológico que Violeta (nombre ficticio), que trabajó con González entre los veranos de 2020 y 2021, sufrió por parte de la diputada y que le causaron problemas de salud graves acreditados por informes médicos y psicológicos.

En conversación con EFE, Violeta comparte una carta en la que la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, reconoce varias de las situaciones concretas de acoso y expresa un "profundo pesar" por el trato "inapropiado" que había sufrido en su etapa como asistente.

La carta recoge que González obligó a Violeta a saltarse las restricciones por la pandemia en el último trimestre de 2020 para acudir a reuniones de equipo en su domicilio o en el propio Parlamento, así como que la diputada apartó a la exasistente de las tareas de la oficina a su vuelta a la oficina tras estar de baja.

También relata que González le "humilló personal y profesionalmente" y que Violeta tuvo que pagar de su bolsillo hasta 700 euros de un gasto de la diputada cuando su tarjeta de crédito no funcionó y que tuvo que esperar más de un año a que le fuese devuelto.

"Hemos sufrido personalmente, psicológicamente y económicamente. Ella no sabía diferenciar lo del despacho de lo personal", explica Violeta, que relata solicitudes a deshoras y que se asemejaban más a las funciones de un ayudante personal que a su trabajo de asistente parlamentaria: gestión de facturas de su casa o la matrícula del colegio de su hija, entre otras.

La denunciante, que define a su antigua jefa como "maleducada y agresiva en el trato", estuvo de baja por los problemas de salud derivados de la ansiedad que le producía su trabajo.

"Me hizo llorar en más de una ocasión, algunas delante del equipo. Era un lloro de impotencia porque mi educación me impedía tomarme las licencias que ella se tomaba para hablarme de esa manera", recuerda. Su hijo, apunta, le dio la enhorabuena cuando le contó que no le renovaban el contrato en el Parlamento Europeo, en el verano de 2021.

Violeta explica que, junto a sus dos compañeros asistentes, transmitió los problemas con González el 31 de mayo de 2021 en una reunión con representantes de los asistentes de la delegación, el responsable de Recursos Humanos y la secretaria general y el jefe del grupo, una reunión cuya celebración confirman fuentes de la delegación socialista a EFE.

"La sensación que me queda es que cuando yo pedí ayuda antes de que se extinguiera mi contrato todo el mundo miró para otro lado. Me fue muy difícil encontrar otro trabajo. Eres una víctima y tienes que demostrar que lo eres, cuando debería ser al revés. Hasta con las familias a veces es complicado que te entiendan", relata.

Hoy, con la sanción confirmada por la Eurocámara hacia su antigua diputada, su deseo es que "los sistemas y protocolos de protección frente al acoso laboral empiecen a funcionar".

"Están muy bien en el papel pero están mucho mejor cuando son efectivos y asisten de verdad. Los plazos están para cumplirlos y a las personas hay que arroparlas cuando se encuentran en este tipo de situaciones", pide.

Fuentes del entorno de González dijeron a EFE este martes que la diputada no esperaba ningún cambio tras su recurso interno y que mantiene su decisión de acudir por la vía judicial para defender su posición. En enero pasado, había tildado el caso en su contra de "denuncia falsa".