La patronal inmobiliaria reclama que la ‘ley antiokupas’ salga adelante cuanto antes: “Hemos de dar las herramientas suficientes a los jueces para que puedan ordenar el desalojo inmediato de una vivienda okupada sin perdernos en procesos burocráticos ni protegiendo a delincuentes que vulneran el derecho a la propiedad privada”.

El problema de la okupación de viviendas en España sigue siendo una problemática social y económica de mucha gravedad. Cada día hay más de 40 ocupaciones ilegales de vivienda en el país, alrededor de 15.000 al año. No obstante, sólo se conocen los casos que acaban o denunciados o en un proceso judicial.

En este contexto, la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), patronal del sector inmobiliario profesional, alerta de que, “si descienden los casos de okupación denunciados en las estadísticas no es porque disminuya el fenómeno, sino porque los afectados deciden solucionarlo por la vía de la negociación para poder recuperar su vivienda antes”, explica Montserrat Junyent, vicepresidenta de FADEI.

La negociación se lleva a cabo través de compañías especializadas que están proliferando “debido a la pasividad de la Administración a la hora de legislar para poner fin a esta problemática”. Junyent avisa del peligro de esta tendencia: “Que las víctimas de una okupación negocien por su cuenta no es una solución, pues incentiva que haya más okupaciones y los perjudicados acaban siendo pequeños propietarios realmente vulnerables”.

“Manuales de okupación, talleres para aprender a okupar pisos o métodos como la conocida ‘técnica Telepizza’. Ya existe una profesionalización de los okupas, guiados en muchos casos por mafias. Y la situación está yendo a peor porque el marco legislativo que tenemos protege este tipo de prácticas, especialmente en Catalunya, donde se producen casi la mitad de los casos de todo el territorio nacional”, lamenta la vicepresidenta de FADEI.

Así pues, la patronal FADEI reclama que “salga adelante cuanto antes” la tramitación de la proposición de ley orgánica contra la okupación, conocida como ‘ley antiokupas’, que el Senado aprobó el pasado mes de febrero. “Hemos de dar las herramientas jurídicas suficientes a los jueces para que puedan ordenar el desalojo inmediato de una vivienda okupada sin perdernos en procesos burocráticos eternos ni protegiendo a delincuentes organizados que no respetan el derecho a la propiedad privada”, defiende la organización.