Esta mañana, Laura Codruța Kövesi, Fiscal General Europea y José Ángel Martínez Sanchiz, presidente del Consejo General del Notariado (CGN) han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
En virtud del acuerdo, los integrantes de la Fiscalía Europea podrán solicitar telemáticamente información relacionada con sus investigaciones al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del CGN.
Las solicitudes podrán contener datos recogidos en el Índice Único Informatizado Notarial relacionados con las actuaciones desarrolladas por la Fiscalía Europea dentro de sus competencias; en particular, en el ámbito de la investigación de la delincuencia económica.
El acuerdo pone de manifiesto que esta lacra presenta una creciente complejidad y que los notarios españoles han venido incrementando exponencialmente en los últimos años la cantidad y calidad de la información que graban y ponen a disposición de las autoridades en la atención a sus requerimientos. La información del Índice Único Informatizado Notarial, elaborado con los datos de las escrituras públicas autorizadas en las 2.800 notarías españolas, permitirá a la Fiscalía Europea disponer, de forma inmediata, de información global y centralizada en cada requerimiento que formule, lo que contribuirá decisivamente a prevenir los actos ilícitos y aportar valor a las investigaciones y diligencias realizadas.
El contenido de los requerimientos podrá incluir operaciones notariales de un particular (con datos complementarios y documentación); información relativa a la titularidad real de personas físicas o jurídicas concretas; datos sobre la condición de una Persona con Responsabilidad Pública (según la normativa española); solicitudes de seguimiento,...
El CGN habilitará una plataforma web desde la que se canalizarán los requerimientos de información presentados por la Fiscalía Europea. La formulación de estas solicitudes requerirá la identificación del fiscal que la lleva a cabo; instrumentada mediante un sistema de firma electrónica corporativa expedida por la Agencia Notarial de Certificación (ANCERT). El acceso telemático a esta información se realizará con los máximos estándares de seguridad y según la normativa de Protección de Datos.
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