Pamplona, 02 mar (EFE).- El Parlamento ha aprobado la Ley Foral de justicia restaurativa, mediación y prácticas restaurativas comunitarias, un texto que establece la organización administrativa de los medios materiales e institucionales para el desarrollo de estos procesos y que impulsan “una justicia más democrática y apegada a las necesidades de las personas”, aunque excluye al ámbito laboral.

Se trata de “un texto completo, enmarcado en la legislación estatal y que mira más allá en la legislación europea”, ha dicho el consejero de Políticas Migratorias y Justicia, Eduardo Santos, en defensa de una ley que ha salido adelante (pese a que varios grupos han criticado la exclusión del ámbito laboral de esta norma) con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu e I-E, la abstención de EH Bildu y el voto en contra de Navarra Suma.

Busca promover la resolución pacífica de conflictos mediante la regulación del Servicio de Justicia Restaurativa (ámbito penal) y la habilitación de una serie de instrumentos de calidad y formación en las esferas civil, mercantil y contencioso-administrativa, de modo que la reparación voluntaria de daños y la prevención de la judicialización de conflictos, también en el ámbito comunitario, contribuyan al ejercicio de una justicia “más democrática y cercana”.

Para ello se instaura el Servicio de Justicia Restaurativa como una prestación pública de apoyo especializado a las víctimas que promueva el desagravio y el entendimiento mutuo como vías alternativas de compensación y reinserción.

El Servicio de Justicia Restaurativa asumirá los casos que le derive el órgano judicial competente en cualquier fase del proceso penal, en delitos de cualquier tipología y gravedad, excepto aquellos prohibidos expresamente.

El acceso de las víctimas a los servicios de justicia restaurativa, que podrán prestarse directa o indirectamente, a través de convenios, contratos o cualquier otra modalidad legalmente prevista, se ejercitará en los términos fijados en el Estatuto de la Víctima y el resto de la normativa en vigor.

Los resultados de esos procesos tomarán forma de acuerdos entre las personas afectadas, compromisos de reinserción o pactos de reparación comunitaria. Las personas facilitadoras solo tendrán que intervenir si las partes lo solicitan o si observan la existencia de aspectos desproporcionados, poco realistas o injustos, en cuyo caso deberán razonar y registrar el motivo de su intercesión.

Todo proceso concluirá con un informe final que, respetando la confidencialidad legalmente establecida, se comunicará a la Fiscalía y los órganos judiciales.

Respecto a la mediación, entendida como recurso voluntario para la solución de controversias, podrá aplicarse a conflictos que versen sobre materias de libre disposición, además de otras sobre las que las partes puedan presentar propuestas de acuerdo, siempre en el marco de la legislación que en cada supuesto resulte de aplicación.

Por otra parte y sobre las prácticas restaurativas comunitarias, “una de las mayores novedades”, según el consejero Santos, que ha recordado a los tradicionales “hombres buenos” que antaño cumplían en los pueblos esta misión, se conciben como herramientas de prevención y resolución de conflictos no judicializados en cualquier ámbito social, incluidos el familiar, vecinal, laboral, escolar, sanitario, de consumo, organizacional y penitenciario.

A favor del texto, por el PSN Virginia Magdaleno ha valorado el “camino muy largo” de este proyecto, que ha incorporado hasta llegar a hoy decenas de enmiendas “llenas de diálogo y de consenso”, y que casa con el modelo socialista “que emana siempre del dialogo social” y que, dada la “confianza que los socialistas tenemos en la madurez de los ciudadanos para resolver por sí mismos determinados conflictos, damos las herramientas” para facilitarlo.

Blanca Regulez (Geroa Bai) también ha respaldado una ley “pionera, buena para Navarra y novedosa”, que “mejora la forma de impartir justicia en Navarra”, pero que “tristemente ha estado en el foco parlamentario más por lo que no lleva que por lo que lleva”, como es la mediación en el ámbito laboral, donde a su juicio el consejero debería haber sido “más valiente y no haber sucumbido a las presiones de fuera y de dentro” y no haber borrado este apartado que sí se incluía en el anteproyecto.

Al explicar su abstención, la portavoz de EH Bildu, Arantxa Izurdiaga, ha dado su “total apoyo” al “impulso definitivo” que para la justicia restaurativa en Navarra supone esta ley, pero ha lamentado el “gran error” y torpeza” de la exclusión de la aplicación de esta ley del ámbito laboral, una decisión tras la que a su juicio está la pretensión de “favorecer los intereses de un determinado sindicato” y de “blindar el Tribunal Laboral, pero se equivocan porque con esto no lo favorecen sino que lo debilitan”.

Por Podemos, Ainhoa Aznarez ha ensalzado que “con esta ley ensanchamos derechos”, al tiempo que ha lanzado un mensaje a quienes han cuestionado algunos puntos: “Las leyes se aprueban, las leyes se modifican”.

También Marisa De Simón (I-E) ha considerado “el gran error” de esta norma el que no contemple el ámbito laboral, aunque ha sido contundente al avanzar que en el futuro “sin duda lo va a alcanzar”, al tiempo que ha valorado el acuerdo de todos en lo fundamental.

En contra de la norma Jorge Esparza (NA+) ha considerado “una oportunidad perdida para hincarle el diente de verdad a una normativa como esta”, ya que la hoy aprobada aboga por “la erradicación de lo tradicional y la primacía de estas técnicas” cuando Navarra Suma apuesta “por un modelo de convivencia entre la justicia tradicional y estas técnicas”, ha dicho para criticar también los “tejemanejes” del resto de grupos con cambios de posición hasta llegar a hoy.