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De izqda. a dcha. María Teresa Fernández de la Vega, José María Alonso y Margarita Robles

  • La Ministra de Defensa ha estado presente en el acto de clausura de la VIII Cumbre de Mujeres Juristas junto a Mª Teresa Fernández de la Vega, José María Alonso y Ángela Cerrillos
  • “Como conclusión de esta cumbre, podemos confirmar que las mujeres son las grandes perjudicadas en épocas de crisis”, ha señalado el decano José María Alonso
  • En sus conclusiones, el ICAM y todas las participantes en la Cumbre, consideran que las mujeres deben formar parte del proceso de toma de decisiones en la promulgación y el levantamiento de medidas en las crisis
  • También alertan de que, como consecuencia de la pandemia, la justicia en materia de violencia de género se ha visto especialmente sacudida y afectada

Tras dos fructíferas jornadas de debate desde la Sala Europa del Senado, la VIII Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, ha finalizado hoy con la lectura de las conclusiones generales de este encuentro que han seguido más de 3.000 personas a través de streaming.

Han presidido el acto de clausura, la ministra de defensa, Dña. Margarita Robles, que confirma su defensa del papel de la mujer jurista como motor de la transformación social. “El cambio no exige confrontación sino debate conjunto entre hombres y mujeres”, ha añadido la ministra.

Robles ha hecho especial mención a la importancia del papel de la mujer en las Fuerzas Armadas y promulga el objetivo de seguir colaborando con Naciones Unidas “para trabajar en políticas de Paz e Igualdad”. “Cuando se negocia una paz sin mujeres, no será duradera y puede haber importantes retrocesos”, concluye la ministra.

Por su parte, Mª Teresa Fernández de la Vega, presidenta del Consejo de Estado, ha manifestado que, tras la pandemia, el crecimiento económico ha de estar unido al proceso de igualdad para evitar las consecuencias en desigualdad de género provocadas tras la crisis de 2008.

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha puesto en valor, “en el ICAM tenemos compromiso de igualdad y excelencia. Esto no puede ser una lucha de hombre y mujeres” añadiendo que el problema no es el talento ni el esfuerzo sino la conciliación. “Solo a través de una conciliación real conseguiremos mayor representación de mujeres en consejos de administración y en despachos de abogados” ha subrayado.

Como conclusión general, el decano ha lamentado que “las mujeres son las grandes perjudicadas en épocas de crisis” y ha hecho un llamamiento a la comunidad jurídica y a la sociedad en general “para que todos y todas se unan activamente a la legítima pugna por lograr una auténtica igualdad”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Delegada de Igualdad, Diversidad e Inclusión del ICAM, Ángela Cerrillos, ha hecho públicas las Conclusiones de la VIII Cumbre, donde se solicita a los poderes públicos que adopten un planteamiento con perspectiva de género en relación con todos los aspectos importantes de la respuesta a la crisis de la COVID-19.

Conscientes de que la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia está golpeando especialmente a la mujer y agravando las históricas desigualdades con los hombres,  los organizadores de la Cumbre señalan que “las mujeres deben formar parte del proceso de toma de decisiones en la promulgación y el levantamiento de medidas en las crisis, así como en el diseño, la adopción y la aplicación de planes de recuperación, de manera que se tengan completa y debidamente en cuenta sus necesidades y circunstancias específicas”.

La VIII Cumbre de Mujeres Juristas también ha puesto de manifiesto que, como consecuencia de la pandemia, “la justicia en materia de violencia de género se ha visto especialmente sacudida y afectada” por lo que el ICAM reclama que todos los Juzgados de Violencia de Género cuenten con los mismos medios para que la atención de las víctimas se produzca con garantía de igualdad y calidad.

El documento reclama que se habiliten los medios para lograr una efectiva protección de las víctimas de trata y que se considere como actividad esencial la atención, protección y asistencia a las víctimas de cualquier forma de explotación.




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