Madrid, 23 ene (EFE).- El secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, ha acusado este lunes a las asociaciones de letrados de la administración de Justicia (LAJ) que han convocado un paro indefinido a partir de mañana de promover una "huelga política" y "no laboral", y ha urgido a no secundarla y a desconvocarla.

"Esta huelga indefinida no tiene ningún motivo laboral; tiene claros motivos políticos", ha manifestado en rueda de prensa tras detallar las medidas llevadas a cabo por el Ministerio de Justicia ante las reivindicaciones de las asociaciones.

Son el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ), y piden, entre otras cosas, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que se les ha ido atribuyendo tras sucesivas reformas legales.

Tanto su comité de huelga como el Ministerio han advertido de que la huelga "sine die" puede paralizar la actividad de juzgados y tribunales.

Según el secretario de Estado, de las once reivindicaciones de las asociaciones, "queda pendiente por cumplir una sola: la revisión del sistema de productividad y su complemento en la carrera profesional".

Tras acusar a los convocantes de la huelga de "endiosamiento" y de querer "hacer rehenes a los ciudadanos de este país", ha recordado que el salario del colectivo crecerá de media un 14,76 % en tres años y que entre 2023 y 2025 se incorporarán 566 nuevas personas al cuerpo.

En 2023, "el salario de un LAJ entre los niveles 26 y 28 oscila, después del acuerdo sindical, entre los 39.011,80 euros y los 59.537,42 euros para los letrados que están en los juzgados, sin tener en cuenta sus retribuciones variables", lo que supone "entre un 79 y un 140 % más que cualquier funcionario de la administración del Estado en esos mismos niveles", ha precisado.

Mientras, los LAJ de las oficinas judiciales de los niveles 27 y 28 cobrarán en 2023 "entre 43.991,16 euros y 60.826,79 euros, entre un 90 y un 144 % más", ha añadido, convencido de que cualquier reclamación salarial de este colectivo "está fuera de lugar".

Sobre la falta de reuniones de la que acusan las asociaciones al ministerio, Rodríguez ha enumerado uno por uno más de una treintena de encuentros: "Decir que ha habido falta de reuniones es una desvergüenza o, en su defecto, un descaro", ha zanjado.

Ha criticado que el comité de huelga esté formado por tres asociaciones y no por sindicatos y también que el nuevo decano del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Eugenio Ribón, haya aceptado mediar, pues esta mediación no se ha solicitado por los cauces establecidos.

Asimismo, ha mostrado sus dudas sobre si, durante el paro, se permitirá "la libertad y el derecho al trabajo de los letrados que no quieran secundar esta huelga", pues, según ha dicho, hay anunciadas "coacciones".

Rodríguez se ha mostrado convencido de que la gran mayoría de los 4.300 LAJ que hay en el país son "unos magníficos funcionarios públicos que creen en la Justicia como servicio público", ha confiado en su sensatez y les ha pedido que no "hagan rehenes a los españoles en el sentido de los huelguistas".

En respuesta a estas declaraciones, las asociaciones convocantes han insistido en su reclamo de "una adecuación salarial justa" y de "un marco de representación independiente y propio", y han considerado "mentiras", "difamaciones" y "palabrería pretendidamente hiriente" las palabras de Rodríguez, de quien han pedido el cese inmediato para avanzar en la resolución del conflicto.