“Nos hemos centrado en este aspecto porque SAREB es, por su mandato y función, un acreedor de repetición en los concursos y porque ha elaborado un código de buenas prácticas con el fin de hacer del procedimiento concursal algo más eficaz y que la relación del administrador concursal sea más fluida y eficiente, ha señalado Adrián Thery, copresidente de la sección y encargado de moderar el evento. “Pese a ser sotflow, es decir, no vinculante, es una buena práctica que debería inspirar las relaciones en otros muchos concursos”, detalló.
Junto a Thery, conformaban la mesa de expertos José María Blanco Saralegui, letrado coordinador técnico del Tribunal Supremo (área civil); Manuel Valero y José Antonio García-Argudo, de la Asesoría Jurídica Procesal en SAREB; Diego Comendador, presidente de ASPAC; y Juan Carlos Robles Díaz, vicepresidente de REFOR.
Colaboración institucional y transparencia
Blanco comenzó analizando las críticas al concurso, principalmente “que hay opacidad, que nadie se fía del todo”, ataques que según el letrado coordinador “han existido siempre, también con la legislación previa a la normativa concursal”. En este sentido, alabó los códigos de buenas prácticas “que se van inventando a modo de guía porque tienen su influencia en los procesos de positividad, implementando procesos de liquidación más rápidos, más eficientes y sobre todo más trasparentes”. Pese a la situación política coyuntural, Blanco refirió que “la propuesta de Texto Refundido de la Ley Concursal está avanzada y el CGPJ emitirá el informe a lo largo del mes de agosto para su aprobación en el pleno del mes de septiembre”.
“En el ADN del SAREB está el ser transparente y mejorar la comunicación, especialmente con los administradores concursales que son el elemento preferente del concurso", refirió García-Argudo, dedicando su intervención inicial a explicar el funcionamiento del SAREB —“no es un banco, aunque tiene doble condición de ser público (en un 54,1%) y privado a consecuencia del préstamo de 50.700 millones del Banco Europeo”— y la evolución experimentada: “hemos pasado de un paradigma de servicios generalistas a tener que repensarnos, de liquidadores a transformadores”, declaró.
Y es que, de acuerdo a Valero, "los intereses de la administración concursal son coincidentes con los de SAREB en la mayoría de los casos". Precisamente por eso el objetivo de los códigos de buenas prácticas es "favorecer y llevar de forma más tranquila para todos el proceso”, así como “llegar a puntos de encuentro con la Administración Concursal que facilite los convenios", apuntó.
Profesionalizar la figura del administrador concursal
Toda la mesa coincidió igualmente en reivindicar mayor formación para la figura del administrador concursal, detractores del sistema de designación actual. “Estamos jugando con la salud económica y financiera de las empresas, la administración concursal no puede ser una dedicación residual", señaló Comendador, insistiendo en la necesidad de “regular la profesión, pues el deudor tiene derecho a ser atendido por un buen profesional y en la sociedad hay millones de personas que dependen de su labor. Un buen administrador puede favorecer la liquidación ordenada o el alcance de un acuerdo, es el órgano de confianza del juez, imprescindible, y hace un servicio a la sociedad", manifestó Comendador.
Robles, por su parte, se centró en el procedimiento: “el problema es que hemos hecho una Ley Concursal pensando en procedimientos, no en empresas. Hemos judicializado tanto el concurso: todo tiene plazos de traslado, recursos, alegaciones...No hay tiempo para centrarse en la empresa porque todo lo exige el proceso". El vicepresidente de REFOR abogó por avanzar hacia “el modelo anglosajón, donde el administrador concursal hace, deshace y decide como quiere, pero para eso no se puede llevar un concurso cada cuatro años", matizó.
En definitiva, de acuerdo a los miembros de la mesa y a las conclusiones que elaboró Blanco al concluir la jornada, todo apunta a que el futuro de la administración concursal pasa por una “mayor y mejor cooperación institucional, la profesionalización y la insistencia en la formación, y el aumento de la trasparencia”.
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