• En 2018 se produjo en España una reducción del 3,1% respecto de 2017 en cuanto al número de concursos de acreedores de empresas ─de 4.261 en 2017 a 4.131 en 2018─. A este respecto, desde el REFOR estiman que esta tendencia se mantendrá para 2019 en base a los últimos datos del INE sobre procedimientos concursales.
• Del total de empresas que hay en España, acudieron a concurso en 2018 el 0,12% de las mismas (una de cada 800 empresas). El País Vasco y la Comunidad Valenciana, con un 0,17%, son las CCAA en las que hubo un mayor número de concursos en relación a su número de empresas. Le siguen en esta comparativa Cataluña, con un 0,16%; Asturias y Murcia con un 0,15%, y Madrid, con un 0,14%. Galicia, con un 0,09%, se sitúa en niveles bajos respecto del promedio del total nacional. Las comunidades autónomas con menor porcentaje de concursos en relación con su número de empresas son: Extremadura con un 0,07% y Canarias con un 0,06%.

En el marco del XIII Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal y Societario, organizado por el Consello Galego de Colexios de Economistas, que se celebra hoy y mañana en Santiago de Compostela –y en el que se han dado cita más de 200 administradores concursales– se ha presentado el Atlas Concursal 2019, elaborado por el Registro de Economistas Forenses (REFOR) –órgano especializado del Consejo General de Economistas en materia concursal y pericial–. En la presentación, en la que han participado el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich; el presidente del REFOR, Alfred Albiol; el presidente del Consello Galego de Colexios de Economistas, Miguel Ángel Vázquez Taín, y el codirector del Encuentro, Ramón Juega, se han expuesto los últimos datos sobre las principales variables relacionadas con la insolvencia en nuestro país (concursos de acreedores, mediaciones, refinanciaciones, segunda oportunidad, pagos del Fogasa…), analizando su evolución temporal y estableciendo comparaciones entre comunidades autónomas, así como entre los diferentes países de la Unión Europea. A la vista de los datos, se han definido posibles ineficiencias y asimetrías de nuestros mecanismos de resolución de insolvencias y se han establecido propuestas de mejora de los mismos.

Cabe destacar que en esta edición del Atlas Concursal se han incluido también estadísticas de operaciones electrónicas a través del sistema LexNET del Ministerio de Justicia por ser un canal en continuo crecimiento –más de 74 millones de notificaciones electrónicas en 2018–. En este sentido, desde el Consejo General de Economistas han manifestado su satisfacción por la incorporación, a partir de noviembre 2019, de los administradores concursales de las profesiones económicas (economistas, titulares mercantiles y auditores) a este sistema, lo que sin duda contribuirá a una mayor agilidad para los procedimientos concursales gestionados por estos profesionales.

En relación a los datos recogidos en esta edición del Atlas Concursal, hay que resaltar que durante 2018 se ha producido un estancamiento concursal: tanto de los concursos de empresas como de los de personas físicas, con cifras similares al año 2017. En concreto, en 2018 se produjo en España una reducción del 3,1% respecto de 2017 en cuanto al número de concursos de acreedores de empresas –de 4.261 en 2017 a 4.131 en 2018–. A este respecto, desde el REFOR estiman que esta tendencia se mantendrá para 2019 en base a los últimos datos del INE sobre procedimientos concursales. Referido a la ratio concursal que compara el número de empresas con el número de concursos de empresas, del total de empresas que hay en España, en 2018 el 0,12% acudieron al concurso (una de cada 800 empresas). El País Vasco y la Comunidad Valenciana, con un 0,17%, son las CCAA en las que hubo un mayor número de concursos en relación a su número de empresas. Le siguen en esta comparativa Cataluña, con un 0,16%; Asturias y Murcia, con un 0,15%, y Madrid, con un 0,14%. Galicia, con un 0,09%, se sitúa en niveles bajos respecto del promedio del total nacional. Las comunidades autónomas con menor porcentaje de concursos en relación con su número de empresas son: Extremadura con un 0,07% y Canarias con un 0,06%.

En cuanto a los concursos de acreedores de personas físicas, estos han experimentado un incremento del 0,8% en 2018 respecto de 2017. Una leve subida si se compara con el aumento del 56% producido en 2017 respecto de 2016. Para los economistas del REFOR, este estancamiento puede deberse a que el crédito público –deudas con Hacienda y Seguridad Social– no está incluido en los procedimientos de segunda oportunidad, por lo que no todas las personas insolventes pueden acogerse a los mismos, lo que ha venido desincentivando la utilización de este procedimiento. A este respecto, según el REFOR, habrá que estar pendientes de la incidencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 julio 2019 –que permite una mayor extensión de la segunda oportunidad al crédito público– de cara a los datos de 2019 sobre personas físicas que se acogen a este mecanismo.

En relación al número de pagos del Fogasa, en 2018 este continúa siendo superior al número de concursos, lo que indica que muchas empresas insolventes siguen sin acudir al concurso de acreedores y estos ceses de actividad no están reflejados en las cifras oficiales.

Durante la presentación de Atlas concursal se han repasado algunas particularidades de la Ley Concursal ahora que se cumplen 15 años de aplicación desde su entrada en vigor. En este sentido, los participantes en el acto han coincido en señalar que los dos aspectos más representativos en el corto recorrido temporal de esta Ley han sido haber hecho frente al aluvión de concursos declarados en los años de la crisis económica y las 17 reformas de que ha sido objeto, que han generado una importante cantidad de jurisprudencia.

Procedimientos preconcursales

Por lo que se refiere a los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente, su número es todavía reducido siendo un procedimiento poco utilizado. Comparando el intervalo enero-agosto de 2018 y de 2019, estos han pasado de 50 a 43, lo que supone un descenso del 13% en 2019.

Con respecto a las solicitudes de refinanciación no homologadas judicialmente (artículo 5 bis de la Ley Concursal), estas han sido 3.587 en 2018, que frente a las 3.308 de 2017 suponen un incremento del 8,4%. Referido a este procedimiento, en 2018, Cataluña, con 861, encabeza el número de refinanciaciones no homologadas, seguida de Madrid, con 646, con crecimientos respecto de 2017 del 26% y del 9%, respectivamente. A estas les siguen, la Comunidad Valenciana, con 515, y Andalucía, con 385.

Según han afirmado desde el REFOR, el estigma que supone para una empresa la publicación de los acuerdos de refinanciación homologados judicialmente frente a la no publicación de los acuerdos de refinanciación no homologados hace que el número de estos últimos sea considerablemente mayor al de los primeros. En 2018 3.587 fueron acuerdos de refinanciación no homologados frente a los 116 homologados, pese a la mayor seguridad jurídica que ofrecen estos últimos.

Tras la exposición de los datos, los representantes del REFOR han insistido en la necesidad de que se trasponga cuanto antes la Directiva europea de Insolvencia, tras su publicación en junio de 2019, lo que, a su juicio, ayudaría a dinamizar las soluciones concursales de reestructuración y segunda oportunidad, aún de escasa utilización en nuestro país.

Galicia

Galicia –con 189 concursos de empresas en 2018– ocupa la sexta posición de entre todas las comunidades autónomas en cuanto al número de concursos de acreedores tras Cataluña (970), Madrid (749), Comunidad Valenciana (590), Andalucía (400) y País Vasco (252) En esta comunidad autónoma se ha producido una disminución del 20% de los concursos de empresas (de 237 en 2017 a 189 en 2018), un porcentaje muy superior a la media nacional cuya disminución se situó en el 3,1%.

En cuanto a las personas físicas que acudieron al concurso de acreedores en Galicia en 2018, fueron 61, lo que supone un 4% de total nacional (1.504). Por su parte, el número de acuerdos de refinanciación homologados en Galicia en 2018, fue de 11 –aunque se duplica comparado con los 5 de 2017–, que frente al total nacional de 116, suponen el 9,5%, cuando en 2017 suponían sólo el 4,5% del total.

Entre las conclusiones y propuestas de mejora que se pueden extraer del Atlas Concursal, se encuentran las siguientes:

• La empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal sigue siendo en 2018 la micropyme, que suponen más del 50% de total de concursos. El legislador tendría que tener en cuenta la particularidad de pymes y micropymes en el ámbito concursal por su peso en nuestro tejido empresarial, de manera que se contemplen mecanismos específicos que se ajusten a las diferencias entre autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, tanto en la trasposición de la Directiva de Insolvencia como, en su caso, en las próximas reformas que se acometan.

 

• Atendiendo a la comparativa internacional, en 2016 España era uno de los países de la UE en el que se producía el mayor descenso en el número de concursos (15% respecto de 2015). A partir de 2016, siguen descendiendo pero muy ligeramente (4,7% en 2017 y 3,1% en 2018). Esto podría estar causado por un conjunto de variables: la reforma concursal 2014-2015 con efecto a partir de 2016; mayor conocimiento del procedimiento concursal por parte de los empresarios; menor percepción del estigma concursal (si bien todavía persiste); posibles vencimientos de las refinanciaciones y operaciones financieras de crédito, y una posible pequeña mejora de la economía sumergida que anteriormente no computaba las cifras concursales oficiales. Sin embargo, las cifras concursales que se presentan en nuestro país siguen siendo todavía bajas en relación con países europeos de nuestro entorno. Así, el número de concursos de empresas en España, alrededor de 4.000 anuales (en concreto; este año 4.131) es inferior a la de otras economías vecinas de Europa: Francia, más de 54.000; Alemania, unos 20.000; Reino Unido, más de 17.000; Italia, más de 12.000; Dinamarca, más de 7.000 y Portugal, aproximadamente 6 000.

 

• El descenso de los acuerdos de refinanciación homologados que fue del 24% en 2017 respecto de 2016, se suaviza en 2018, pues se reducen un 9%. Limar formalidades, que el crédito público esté incluido (al menos para pymes) y simplificar el procedimiento, podría estimular su mayor utilización por parte de las empresas. Sí observamos, por el contrario, un crecimiento de los acuerdos de refinanciación no homologados del 8,4%: Es destacable su aumento en Cataluña, donde crecen un 26%.

 

• Pese a haberse multiplicado un 231% de 2015 a 2018, el número de concursos de personas físicas en España (649 en 2015 y 1.504 en 2018) es bajo comparativamente con Europa (en Reino Unido o Alemania los concursos de personas físicas superan los 100.000 al año y en Francia superan los 40.000). El número de concursos de personas físicas en 2018 se ha estancado, lo que supone un indicio de parálisis en los procedimientos de segunda oportunidad.

 

• La ratio entre pagos del FOGASA y número de concursos permanece prácticamente invariable en 2018 (1,63) respecto de 2017 (1,69) con un aumento de tan solo del 0,03%. No obstante, una ratio superior a 1 indica la existencia de una bolsa de insolvencias que no se vehiculan a través del concurso de acreedores y que pasan a engrosar la economía sumergida. La reforma concursal debería facilitar la resolución de las insolvencias por la vía concursal y evitar cierres de empresas de manera desordenada lo que contribuye a que el FOGASA no recupere todos los créditos en los que subroga, con un coste económico indudable y una ineficiencia económica del sistema concursal.