• Para Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado: "La igualdad en el ámbito de la mujer no es todo lo efectiva que pudiera ser, como demuestran los 967 casos de violencia de género producidos desde 2003".
• El notario Manuel Seda señaló algunas de las tareas pendientes de revisión en materia de discapacidad, como "el derecho al sufragio, el internamiento, las escuelas especiales o la esterilización y especialmente la adpatación del artículo 12 de la convención de Nueva York ".
• "El crecimiento del colectivo de las personas mayores obliga a buscar alternativas para garantizar su suficiencia jurídica y financiera”, apuntó el notario Jorge Díaz Cadórniga.
• La fiscal Consuelo Madrigal demandó para los niños con discapacidad "enseñanza obligatoria con una educación inclusiva; mejora de los acogimientos residenciales y una normalización de su imagen en los medios de comunicación".

Ayer tuvo lugar el Foro 40 Aniversario de la Constitución Española. Protección e igualdad de la persona, organizado por La Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado. Esta jornada de debates contó con la participación de cargos públicos, magistrados, fiscales, notarios, representantes institucionales y miembros del movimiento asociativo.

La jornada se estructuró en cuatro mesas redondas que abordaron la protección e igualdad de cuatro colectivos vulnerables (personas con discapacidad, mayores, mujeres e infancia), sus ámbitos de actuación, logros y cuestiones pendientes.

Inauguración

El Foro fue inaugurado por Pedro Garrido, director general de los Registros y del Notariado; José Ángel Martínez Sanchiz, presidente de la Fundación Aequitas y del Consejo General del Notariado; Álvaro Cuesta, vocal del Consejo General del Poder Judicial; Miguel Rodríguez-Piñero, consejero permanente y presidente de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y Benigno Varela, magistrado emérito del Tribunal Supremo y presidente de la Mutualidad General Judicial (estos tres últimos también patronos de Aequitas).

José Ángel Martínez Sanchiz, destacó la labor que ha realizado la 'ONG del Notariado' en el cumplimiento de los derechos fundamentales de la Constitución relacionados con la protección de los sectores más desfavorecidos. "La Fundación Aequitas quiere contribuir al ideario de la Carta Magna vehiculando la actuación de los notarios, acostumbrados a dar respuesta a las necesidades jurídicas de personas con discapacidad, mayores, mujeres y niños. La labor de nuestra Fundación ha sido esencial en esta protección jurídica, que responde a una exigencia de Justicia y Equidad".

Personas con discapacidad

La protección e igualdad de las personas con discapacidad en La Constitución: ámbitos de actuación, logros y cuestiones pendientes fue el tema elegido para la primera mesa redonda. Con el diputado Francisco Vañó -patrono de la Fundación Aequitas- como moderador y el notario Manuel Seda, como ponente, esta mesa contó con las intervenciones de Juan Manuel Fernández Martínez, presidente del Foro Justicia y Discapacidad y vocal del Consejo General del Poder Judicial; Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), y Gonzalo López Ebri, teniente fiscal de la Comunidad Valenciana y patrono de Aequitas.

Para el notario Manuel Seda, "a pesar del camino recorrido en la protección de las personas con discapacidad, es evidente que aún queda mucho por hacer. Quedan numerosas tareas y medidas concretas por adoptar, a fin de remediar cuestiones como la privación del derecho de sufragio a personas con discapacidad, el espinoso tema del internamiento en instituciones al margen de la voluntad del internado, los menores discapaces obligados a asistir a escuelas especiales, la asignación de vivienda familiar, la pensión alimenticia, el régimen de guarda y custodia de hijos con padre o madre discapacitado, la esterilización de personas discapacitadas, y un largo etcétera".

 Mayores

Los siguientes paneles de debates tuvieron similar estructura. En el segundo -dedicado a las personas mayores- participaron José Luis Seoane, presidente de la Audiencia Provincial de La Coruña; Carlos Ganzenmüller, fiscal del Tribunal Supremo; José María Paz, fiscal de la sala primera del Tribunal Supremo -moderador-  y el notario Jorge Díaz -ponente-.

Jorge Díaz Cadórniga destacó la diferente situación de las personas mayores en comparación con 1978, año de la aprobación de La Constitución. "Las mejoras en el ámbito sanitario y socio-económico han hecho posible mejorar la calidad de vida de este colectivo, por lo que el número de personas en este rango de edad se ha incrementado exponencialmente. Esta situación obliga a potenciar nuevas figuras que garanticen su suficiencia jurídica -tutela, curatela, poderes preventivos- y sanitaria. A las prestaciones sociales y asistenciales y pensiones existentes se deberían sumar, y en algunos casos dotar de mayor seguridad jurídica, ciertos mecanismos de autodeterminación económica y financiera, tales como el seguro de dependencia, la renta vitalicia, la hipoteca inversa o el contrato de alimentos".

Mujeres

El director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, moderó la mesa relacionada con las mujeres. El magistrado de la audiencia provincial de Barcelona, Pascual Ortuño, pronunció la ponencia principal, que contó con las aportaciones de Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres y Pilar LLop, delegada del Gobierno para la violencia de género.

Para el director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido, nos falta cierta “perspectiva histórica para reconocer todo lo que ha aportado La Constitución a nuestra sociedad. Ha habido un gran desarrollo de los españoles gracias al reconocimiento de sus derechos en la Carta Magna, aunque la igualdad no es todo lo efectiva que pudiera ser: por ejemplo, desde 2003 el cómputo es de 967 víctimas de violencia de género, 43 sólo en este año. Es un ejemplo claro de desigualdad por razón del sexo, a pesar de la igualdad teórica. Toca trabajar en la efectividad plena de la idea de la igualdad de una manera multidisciplinar".

Junto a la violencia de género, el magistrado Pascual Ortuño, señaló otros retos pendientes para lograr la plena igualdad entre sexos, como "la brecha salarial en el mundo del trabajo y la discriminación de la mujer por razón de pertenencia a clases sociales más desfavorecidas" o "la trata de personas  que es un gran problema, ante el que la hipocresía social tiene cerrado los ojos ".

Infancia

La primera mesa de la sesión de tarde se centró en la problemática de la infancia. Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, fue el moderador; Consuelo Madrigal, fiscal del Tribunal Supremo y patrona de Aequitas, la ponente; los otros dos miembros que cerraron el panel fueron Jorge Prades, notario y presidente de la Asociación Familias para la Acogida y Marta Kindelán, técnica jefe del área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo.

Consuelo Madrigal centró el tema de debate en los niños con discapacidad. "Lamentablemente, los niños con discapacidad son más vulnerables -se calcula que cinco veces más- a todos los tipos de abuso, mental, físico o sexual en cualquier entorno, incluidas las familias, las escuelas, las instituciones privadas y públicas, el ámbito laboral y la comunidad en general".  La mejora del acogimiento residencial, la normalización de la imagen de los niños con discapacidad en los medios de comunicación -evitando enfoques caritativos, victimistas o discriminatorios- y la aplicación plena de su derecho a la enseñanza obligatoria y a la educación inclusiva (“se deben presentar recursos contra las decisiones administrativas de escolarización en centro especial”) fueron algunos de los retos pendientes señalados por la que fuera Fiscal General del Estado.

Clausura

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, clausuró el acto junto a José Marqueño -presidente de la Unión Internacional del Notariado- y José Ángel Martínez Sanchiz -presidente del Consejo General del Notariado-.

González Rivas manifestó que la dignidad preconizada en la Constitución y plasmada en su artículo 10, "se proyecta en la igualdad, el honor, la libertad personal, en la tutela judicial..." de colectivos como personas con discapacidad, mayores, infancia o mujeres. El magistrado demandó la "acción positiva de los poderes públicos, que deben remover los obstáculos que impiden el libre ejercicio de los Derechos Fundamentales".