Un menor de edad de nacionalidad rumana ha sido condenado a 6 meses de libertad vigilada tras haber reconocido que él y otras cuatro personas participaron entre enero y marzo de 2016 en la extorsión sufrida por el expárroco de Tajonar, quien por temor a la difusión de una fotografía comprometedora, supuestamente de índole sexual, entregó al menos 39.000 euros. La víctima renunció en el proceso a reclamar indemnización.
Por estos hechos, el pasado febrero el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona absolvió a tres acusados mayores de edad para quienes la fiscalía había solicitado un total de 6 años de prisión como autores de un delito continuado de amenazas y un delito de pertenencia a grupo criminal. Un cuarto investigado no pudo ser juzgado al estar en busca y captura.
En aquella sentencia, el magistrado aseguraba que se había topado “con una dificultad enorme” a la hora de elaborar los hechos probados debido “a las continuas modificaciones de las declaraciones que el denunciante” había prestado en la causa.
Al respecto, el juez reprochaba no solo las variaciones del relato sino la “ambigüedad y escasa colaboración con las fuerzas de seguridad” del párroco, “por ejemplo borrando mensajes y llamadas que hubieran sido relevantes para la investigación”.
En cambio, el procedimiento seguido en el Juzgado de Menores de Pamplona concluyó el pasado 4 de julio con una sentencia condenatoria dictada de conformidad. En la misma, se consideró al menor investigado autor de un delito de extorsión, un delito de amenazas y un delito de pertenencia a grupo criminal, y se le impuso la medida de 6 meses de internamiento en régimen cerrado, de los cuales 3 meses lo serían de estancia en un centro de menores y los otros 3 en régimen de libertad vigilada.
No obstante, debido al acuerdo alcanzado entre la fiscal y la defensa, se acordó la suspensión de la ejecución de la medida de internamiento por tiempo de 6 meses, con la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante este periodo.
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“Plan preconcebido” con el objetivo de lucrarse
El menor acusado, que entonces tenía 17 años, “siguiendo un plan preconcebido” con el objetivo de lucrarse económicamente junto con otras cuatro personas de su misma nacionalidad, se presentó el 19 de enero de 2016 en el domicilio del párroco con el pretexto de pedirle ayuda, dinero o trabajo.
Una vez dentro, el inculpado amedrentó con un grito al sacerdote y obtuvo una fotografía comprometedora, presuntamente de contenido sexual, con la que, “conforme al plan ideado”, empezaron a presionarle y exigirle la entrega de dinero bajo la amenaza de denunciarle ante la policía y el obispo por abusos sexuales.
“Atemorizado” ante la situación creada, el párroco le entregó ese día los 50 euros que tenía. Al día siguiente, le solicitó 3.000 euros a cambio de guardar silencio, una cantidad a la que la víctima accedió. Acto seguido, el extorsionador le exigió 30.000 euros más. Le dijo que con esa entrega desaparecería, a lo que el sacerdote le contestó que carecía de tal suma de dinero.
Entre el 20 y el 25 de enero, el menor y otras personas conchabadas con él persistieron en llamadas amenazantes para que les entregara el dinero. De esta forma, según se considera probado en la sentencia, el 25 de enero les entregó 22.000 euros en una cita junto a la estación de autobuses de Pamplona, a donde acudió el menor con un hombre y una mujer mayores de edad.
La presión continuó los días siguientes, hasta que consiguieron que el 28 de enero les diese 8.000 euros más. Según la sentencia, el extorsionado firmó un papel en el que dejaba constancia de los pagos realizados, y donde se dejaba claro que ya no le iban a volver a pedir más dinero.
Al día siguiente, al darse cuenta de que había sido “extorsionado y manipulado”, el párroco relató lo sucedido al Arzobispo de Pamplona.
Sin embargo, los siguientes días volvió a recibir llamadas, mensajes de texto y correos electrónicos, tanto del menor enjuiciado como de las otras personas, exigiéndole “nuevas entregas de dinero bajo las mismas amenazas y presiones”. Una vez más, “atemorizado”, procedió a darles dos entregas con 3.000 euros cada una.
Asimismo, el 8 y el 11 de febrero, dos mujeres que dijeron ser la madre y la hermana del menor volvieron a amenazarle. La víctima, que se negó en esta ocasión, interpuso denuncia ante la Guardia Civil. El chantaje continuó hasta el 2 de marzo, cuando volvieron a reclamarle más sumas de dinero.
Según consta en la sentencia, toda esta situación, las reiteradas presiones a las que se vio sometido y el incremento del nivel de agresividad de las mismas por parte del menor acusado y de las personas que formaban su grupo, provocó “una situación de mucha ansiedad y temor” en el extorsionado, quien, no obstante, renunció en el procedimiento judicial a todo resarcimiento por parte del condenado.
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