Madrid, 20 abr (EFE).- El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pide elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el registro sin aval judicial y endurece así la propuesta del Ministerio de Igualdad, que en su anteproyecto de ley trans contempla que a partir de los 16 años no habría limitación alguna.

El órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este miércoles, con cuatro votos en contra, una enmienda que endurece la propuesta de los tres ponentes que elaboraron el borrador del dictamen sobre el anteproyecto.

La norma diseñada por el Ministerio de Igualdad abre la puerta al cambio de sexo en el registro sin necesidad de informes médicos a partir de los 12 años. Entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna.

En su borrador del pasado 8 de abril, el CGPJ consideraba que no se protegía suficientemente a los adolescentes de entre 14 y 16 años y subrayaba que debía primar el interés superior del menor.

Por eso proponía que en esos casos un juez comprobara que tienen "suficiente madurez" y "estabilidad en la situación de transexualidad", al igual que se propone con los niños de 12 a 14 años.

Ahora, con la enmienda aprobada por el Pleno, el CGPJ eleva hasta los 18 años esta condición.

El CGPJ ha aprobado por unanimidad su informe sobre la futura ley trans en el que también advierte de determinados aspectos que podrían vulnerar derechos de las mujeres, en la línea de lo manifestado por un sector del feminismo que considera que esta ley podría perjudicar su lucha por la igualdad.

Ha acordado modificar la expresión "mujeres no transexuales" que figuraba en el apartado de la propuesta que se refería al riesgo de discriminación de aquellas personas no contempladas en el ámbito de aplicación de la norma, y sustituirla por la palabra "mujeres".

Aunque ve loable la finalidad de la ley, que es evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, incluye diversas consideraciones que advierten de que, si no se precisa, las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos como el deportivo o en las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones.

Y piden garantías para evitar situaciones fraudulentas y que nadie se cambie de sexo para eludir responsabilidades frente a víctimas de violencia de género.

Considera, además, que la reversión de un cambio de sexo registral debería tener carácter "absolutamente excepcional", "siempre bajo decisión judicial y nunca de forma incondicionada ni ilimitada".

Y a pesar de la unanimidad en torno al informe, en un voto concurrente tres vocales del sector conservador cuestionan que se pueda cambiar de sexo en el registro con una mera declaración de voluntad y en otro, cuatro vocales, también conservadores, sostienen que el anteproyecto afecta a derechos fundamentales como la libertad ideológica y religiosa, la libertad de expresión o el derecho de los padres a elegir la formación religiosa de sus hijos.

Por otra parte, el Pleno ha manifestado su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión que recoge el anteproyecto y considera que no cabe la prohibición en aquellas situaciones en las que se cuenta con el consentimiento del afectado.

Tras conocer el contenido del informe, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha escrito en su cuenta de Twitter, que hoja de ruta del Ministerio es "clara: "tramitar con urgencia esta ley para que llegue al Congreso en este periodo de sesiones. Los derechos de las personas trans y LGTBI serán ley", ha sentenciado.

Además, ha recordado que el CGPJ ha emitido su informe con tres meses de retraso y no se ha mostrado sorprendida por su contenido.

Antes de conocer el informe, la ministra, que se ha reunido esta mañana en Bruselas con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, dijo a los medios que se encontraban allí que las personas trans merecen que las instituciones garanticen todos sus derechos y no que los cuestionen.

Recordó que el CGPJ siempre se ha opuesto a las leyes feministas y mencionó su posición sobre la ley del matrimonio igualitario que dijeron que era como casar a una persona con un animal, o la ley de violencia de género, de la que llegaron a plantear dudas sobre su constitucionalidad.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, también ha reaccionado al informe del CGPJ a través de la red social, en la que se ha manifestado en los mismos términos que la ministra.

"No es sorpresa que el CGPJ diga que la ley trans y LGTBI es un problema. Ya dijo que las personas LGTBI éramos como animales cuando se aprobó el matrimonio igualitario. La sorpresa sería que los jueces se pusieran de parte del feminismo y de la defensa de los DDHH. #SeraLey", ha destacado.

Por su parte, la Plataforma Trans ha pedido al Gobierno que "desoiga" este informe que, a su juicio, se alinea con los sectores anti derechos trans que en los últimos dos años han ejercido "una violencia brutal sobre el colectivo" y difundido bulos para tratar de intoxicar la opinión pública.

Ha destacado que el CGPJ responde a una mayoría conservadora y lleva más de tres años caducado y recuerdan que no es la primera vez que se muestra contrario al avance de derechos sociales y civiles.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+), Fundación Triángulo y Chrysallis ha criticado, en un comunicado, las "valoraciones políticas" del CGPJ pero han considerado que ya no hay argumentos para justificar más retrasos en la aprobación de la Ley.

Además, se ha opuesto a las "recomendaciones políticas" del órgano de Gobierno de los jueces de impedir a los menores que puedan cambiar su sexo registral.