Pactar medidas “a la carta” para cada familia o pareja en conflicto, sin que estas sean impuestas por un juez. Este es el objetivo de la mediación familiar, una figura muy útil, y sin embargo, poco conocida y no muy utilizada en nuestro país, donde se tiende a solucionar los problemas en los tribunales.

Precisamente la futura Ley de Eficiencia Procesal, actualmente en tramitación, establece como requisito para ir a juicio por un asunto civil el haber intentado previamente la vía amistosa, algo que ya ocurre en otros países de nuestro entorno como Francia.

Las ventajas de la mediación son muchas: Recorta plazos, abarata costes y minimiza daños emocionales.  “Resolver un caso por la vía judicial puede tardar hasta dos años y además hay que hacer frente a honorarios de abogados y procuradores. En cambio, la mediación puede acortar el procedimiento a cuatro meses con un coste de 40 euros por sesión”, comenta

Ramón Quintano, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia y vicepresidente de la Sociedad Catalana de Abogados de Familia, recuerda el caso de un cliente que quería extinguir la pensión de alimentos de un hijo mayor de edad que trabajaba y, antes de interponer la demanda de modificación de medidas, le sugirió que solicitara una mediación familiar: “La madre del hijo aceptó y acordaron extinguir la pensión y un plan de pagos de las pensiones atrasadas que él debía. Todos quedaron contentos”.

Inmaculada Marín, secretaria de Organización de la Asociación Española de Abogados de Familia, cuenta el caso de una pareja con duros enfrentamientos que eran presenciadas por la hija adolescente que llegó incluso a marcharse de casa: “En las primeras sesiones con la pareja se consiguió un compromiso de respeto en las comunicaciones mutuas, con seguimiento de un terapeuta de pareja y, tras dos sesiones junto a la hija, ésta regreso a casa”.

Marín explica, sin embargo, que la mediación también tiene límites porque no todos los conflictos de familia son negociables: “Podemos negociar la cuantía de la pensión y los días concretos de visita, pero no retirarlas ni prohibirlas. Tampoco en aquellos casos en los que no exista una igualdad entre las partes, o los que afecten al orden público”. Y añade que los casos de violencia sobre la mujer o violencia intrafamiliar tampoco son susceptibles de resolverse mediante mediación.

Los acuerdos de mediación familiar se materializan en un acta que “incluye la sentencia de divorcio o el convenio regulador, que especifica medidas establecidas en el régimen de visitas, la pensión de alimentos y/o el uso del domicilio”, explica Quintano. En cuanto a su validez, Marín comenta que “en pactos sobre asuntos civiles o mercantiles, éstos tienen un carácter vinculante, pero no ejecutivo. Para que lo tenga, las partes deben presentarlo ante notario o que un abogado lo haga ante un juez. Cuando hay menores, es obligatorio presentar ese acuerdo únicamente ante el juzgado”, puntualiza.

Quintano considera que esta figura no es muy conocida porque no está siendo divulgada por la las administraciones e instituciones, que deberían apostar más por ella para desatascar así los juzgados. “No he visto ninguna respuesta de un Ministerio Fiscal que ordene enviar a una familia a mediación. Además las experiencias intrajudiciales de mediación -para procesos que ya se han iniciado en los tribunales- no han tenido mucho éxito”, afirma.

Para Marín, una de las soluciones para darla a conocer sería que en cada partido judicial “se creara una oficina de mediación para que el justiciable cuando se acerque, bien a pedir abogado de oficio o para informarse o a llevar un procedimiento, vea que la mediación está relacionada con el derecho de familia”.

Existen una gran variedad de profesionales que pueden ejercer la mediación -psicólogos, criminólogos, graduados sociales, trabajadores sociales etc.-pero estos abogados de familia consideran que es recomendable que el mediador sea un abogado y especializado en derecho de familia, ya que saben de la complejidad que tiene esta materia. “Es fundamental que sepa cómo tiene que orientar esa mediación para no crear un prejuicio económico o fiscal a la persona que está ayudando”, recalca Marín.

En cuanto a las propuestas para mejorarla, ambos señalan la formación de los profesionales y la necesidad de que esté mejor remunerada. “Una especialización permanente, para dar el mejor servicio necesario a la familia. Y más aún si el conflicto está judicializado”. Junto a ello, recuerda, “indicar que la mediación familiar abarata costes no vende. Una persona que no cobra dignamente por su trabajo no da imagen de profesionalidad”, explica Marín. La mediación necesita de seriedad y de profesionalidad “Hay que crear unos requisitos más exigentes para poder ser mediador y así dignificar su figura”, indica Quintano.

Y ambos abogados recalcan el valor que tiene que las dos partes involucradas en un conflicto sean capaces simplemente de dialogar, aunque al final no se llegue a acuerdos.