Son muchos los medios de comunicación que se están haciendo eco de la finalización espontánea de iniciativas parlamentarias por la disolución anticipada de las Cortes Generales. La convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez ha generado la pérdida parlamentaria de un total de 62 leyes y dos reformas del Reglamento del Congreso que se encontraban en tramitación. La falta de consenso entre el Gobierno y sus socios para aprobar estas leyes ha generado un estancamiento en prácticamente todas las áreas legislativas. Entre los proyectos frustrados se encuentran 29 considerados urgentes, como la nueva ley de Familias y la ley de reforma de las pensiones.

Además de estas leyes urgentes, también se ven afectadas otras iniciativas, como la reforma de la cotización de los autónomos, las condiciones de los trabajadores del hogar y los incentivos a la contratación de los artistas. Incluso leyes relacionadas con el cine, la cultura audiovisual y la salud pública se ven estancadas. Algunos de estos proyectos llevaban en tramitación desde 2020 y también se incluyen leyes relacionadas con el Covid-19 y el Brexit, así como la transposición de directivas de la Unión Europea.

Además de las leyes, dos propuestas de reforma del Reglamento del Congreso, que buscaban regular los “lobbies” y fortalecer el control parlamentario sobre el Gobierno, también quedan sin efecto. Con la disolución de las Cortes, todas estas leyes en tramitación pierden validez y deberán reiniciarse en la próxima legislatura si el próximo Gobierno y la futura mayoría parlamentaria deciden impulsarlas.

Dentro de las leyes frustradas, 33 son proyectos remitidos por el Gobierno y 29 son proposiciones impulsadas por los grupos parlamentarios. Destacan las reformas de la Seguridad Nacional y de los secretos oficiales, que llevaban meses bloqueadas. La primera comenzó su trámite en marzo de 2022 y ha sido prorrogada más de 50 veces en espera de enmiendas. La reforma de los secretos oficiales llevaba aún más tiempo esperando, desde 2020, y ha tenido más de cien prórrogas.

En el sistema jurídico constitucional español se aplica el principio denominado como interrupción del cómputo de los plazos reglamentarios. Este principio establece que las iniciativas que no han sido finalizadas no caducan, sino que su vigencia se prolonga hasta el final de la legislatura. Este principio se encuentra expresamente contemplado en los artículos 90.2 del Reglamento del Congreso de los Diputados y 106.2 del Reglamento del Senado. Estas disposiciones excluyen del cómputo de los plazos los períodos en los que las Cámaras no celebran sesiones, a menos que el asunto en cuestión sea incluido en el orden del día de una sesión extraordinaria.

La justificación de esta desactivación de la actividad legislativa radica en el cambio de mandato y de representantes parlamentarios. Es necesario interrumpir la actividad de las Cámaras para reiniciar el debate parlamentario y así garantizar la plena legitimidad de las leyes aprobadas. Esta interrupción permite a los nuevos legisladores evaluar y discutir detenidamente los proyectos en curso, brindándoles la oportunidad de tomar decisiones fundamentadas y acordes con las demandas y necesidades actuales de la sociedad.

Es importante destacar que la interrupción de la actividad parlamentaria no debe considerarse como una limitación o un obstáculo, sino como una medida que fortalece el sistema democrático y asegura la representatividad de las decisiones legislativas. El cambio periódico en la composición del Parlamento es un elemento esencial de la democracia, ya que permite la participación ciudadana a través del voto y la renovación de ideas y perspectivas en el ámbito político.

Por ende, el ordenamiento jurídico español, que consagra el principio de interrupción del cómputo de los plazos reglamentarios en la tramitación de asuntos parlamentarios, busca asegurar la legitimidad de las decisiones legislativas y garantizar un debate parlamentario informado y representativo. El cambio de mandato y la renovación de los representantes parlamentarios son elementos fundamentales para la democracia, ya que permiten adaptar la legislación a las demandas de una sociedad en constante evolución.

Expuesto lo anterior, no hay que olvidar que que el artículo 86 de la Constitución no impide que el Gobierno apruebe reales decretos-leyes, que serán convalidados en su caso por la Diputación Permanente del Congreso. Precisamente, es probable que, aunque no se vea nacer más leyes en esta legislatura, si nazcan reales decretos-leyes, que deberán dictarse únicamente en caso de extraordinaria y urgente necesidad.