Wolo apunta que se debe conseguir un consenso político en materia de vivienda que devuelva la confianza de los propietarios, mientras que es deber del próximo Gobierno buscar soluciones alternativas para el aumento del parque social de viviendas públicas o mejorar el sistema de financiación a jóvenes

La Ley de la Vivienda ha acaparado la actualidad política de los últimos meses y su futuro está en tela de juicio a pesar de que entró en vigor el 26 de mayo. Numerosas formaciones han asegurado en reiteradas ocasiones su oposición a la ley y propietarios e inquilinos tienen serias dudas sobre las modificaciones que podrían ponerse en marcha, tras el resultado de las elecciones generales del 23 de julio.

“Las propuestas de los diferentes partidos políticos frente al problema de la vivienda para estas elecciones son muchas y muy variadas. Desde los que plantean mantenerla tal cual está, hasta los que plantean derogar la nueva ley o modificar algunas cuestiones que creen ‘esenciales’. Lo cierto es que el problema es claro: existe una enorme desconfianza por parte de los propietarios frente a la desprotección política e inseguridad jurídica que suponen las contradicciones entre unos y otros, y esto genera que haya cada vez menos viviendas disponibles en alquiler de larga estancia”, explica Germán Rabellino, CMO de Wolo.

Los propietarios y el sector inmobiliario en general ya han hablado y es de público conocimiento su disconformidad con la actual ley de vivienda tal y como está planteada. En este escenario y tras las elecciones, Germán Rabellino señala que “se debe conseguir un consenso político en materia de vivienda que devuelva la confianza de los propietarios en el sistema inmobiliario y les dé un marco de protección jurídica que les permita volver al modelo de alquiler residencial, de lo contrario seguiremos viendo la migración del alquiler de larga estancia hacia el temporal o de corta estancia, e incluso hacia la venta”. Desde Wolo apuntan que “es deber del próximo Gobierno buscar soluciones alternativas para aumentar el parque social de viviendas públicas o mejorar el sistema de financiación a personas jóvenes para que puedan acceder a la compra de nuevas viviendas, relajando de esta manera la demanda de pisos en alquiler o introduciendo nuevas”.

Sin embargo, no todos los aspectos de la ley son negativos, por lo que la derogación no será fácil de llevar a cabo sin una propuesta alternativa coherente y avalada por otros partidos políticos y la opinión pública. El CMO de la plataforma digital dedicada a los alquileres de largo plazo apunta que “hay que recordar que una parte importante de las medidas de la nueva Ley de Vivienda recae sobre las Comunidades Autónomas, con lo que, de mantenerse, no parece que vaya a haber muchos cambios respecto a la situación actual”.

En cuanto a los mayores retos a los que se enfrenta el mercado del alquiler y de la vivienda en el último trimestre de 2023 son los mismos a los que se viene enfrentando desde la pandemia. Al respecto, Germán Rabellino mantiene que los mayores desafíos están relacionados con “el estancamiento de los precios de venta, debido en parte al aumento de tipos que se prevé siga al alza y a la disminución de la demanda de pisos; la escasez de oferta de pisos en alquiler y el consecuente aumento de precios en el mercado del alquiler de las zonas no reguladas”.