Carpeta de justicia

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·         Este martes se aprobará un real decreto ley que flexibiliza la Ley Concursal para evitar la avalancha de concursos

·         “Se trata de evitar la destrucción -quizás irreversible- de tejido productivo”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí

·         El despacho se felicita por la sensibilidad del gobierno ante “una crisis societaria de dimensiones nunca vistas”

El despacho Navas & Cusí, especializado en derecho bancario y mercantil, se felicita por la intención del gobierno de flexibilizar la Ley Concursal en el consejo de ministros de este martes. “El gobierno trata de evitar la destrucción -quizás irreversible- de tejido productivo”, señala Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí.

El parón económico provocado como consecuencia de la pandemia ha provocado la caída a cero de multitud de comercios y negocios de hostelería. “Los pagos siguen corriendo mientras que los ingresos han caído a cero; por eso hay que buscar una solución excepcional a una situación también excepcional”, señala Navas.

El real decreto preparado por el ministerio de Justicia se basa en la propuesta del CGPJ para evitar la avalancha de concurso de acreedores. Por ejemplo, los pagos pendientes desde la declaración del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de este año quedarán aplazados 6 meses desde el vencimiento sin intereses. Además, los concursados tendrían un año desde que finalice el estad de alarma para modificar su convenio y presentar un nuevo plan de viabilidad y pagos.

La propuesta de Justicia también contemplaría que durante los seis meses posteriores a la finalización del estado de alarma el juez trasladaría las deudas por los incumplimientos al deudor pero no los tramitaría hasta pasados tres meses, tiempo para que el deudor pudiera formular una propuesta de modificación de convenio.

Además, los ‘préstamos covid’ concedidos para afrontar esta situación excepcional serían considerados como crédito ordinario durante los dos años siguientes a la finalización del estado de alarma. Por último, el empresario o autónomo quebrado no tendría obligación de presentar concurso hasta el 31 de diciembre.

“El objetivo de todas estas medidas es ganar tiempo para que las empresas se recuperen y puedan sobrevivir. Todo está pensado en que habrá una recuperación rápida, en V, pero si eso no se cumple, esperamos que el gobierno sea nuevamente sensible y flexibilice de nuevo la normativa para tratar de salvar tejido productivo”, concluye el socio-director de navascusi.com




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