Cientos de letrados de la Administración de Justicia han ido hoy a la huelga como protesta por sus condiciones laborales, principalmente sus retribuciones. El Ministerio de Justicia ha comunicado que la huelga convocada por la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) para hoy, a la que se ha sumado la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) ha tenido un seguimiento hasta este mediodía de alrededor del 29% de los letrados, según los datos extraídos de 30 provincias. Desde la UPSJ, aseguran que el seguimiento ha sido de en torno al 70%.
El Ministerio ha destacado en un comunicado que las comunidades autónomas con mayor seguimiento de la huelga son La Rioja con un 65,63%; la Región de Murcia con un 58,46%; Melilla con un 47,37% y Cataluña con un 36,07%. Por su parte, en Andalucía ha tenido un seguimiento del 23%, en Aragón del 30,89%, en Navarra del 18,52%, en Castilla-La Mancha del 24,70%, en Extremadura del 25,49%, en Asturias del 23,48% y en Ceuta del 7,14%.
En la Comunidad de Madrid el seguimiento se ha cifrado en un 25,51% mientras que en los órganos centrales -Audiencia Nacional y Tribunal Supremo- la han secundado un 14,75%.
Por su parte, los convocantes han emitido también un comunicado con las cifras que manejan. “Según nuestras primeras estimaciones la huelga convocada ha tenido un seguimiento global en toda España del 70%”, han señalado. Las provincias con más seguimiento, según UPSJ, han sido La Rioja, con el 100 %; Murcia, 91 %; Alicante, 81%; Barcelona, 80%; seguida de Madrid, Baleares, Cáceres y Badajoz, con un 70 %.
La huelga de los letrados de la administración de Justicia tiene dos motivos principales: exigir mejoras salariales y negociación colectiva propia.
El Consejo de Ministros anunció un incremento salarial a los LAJ de 195 euros, lo que supondría 2.430 euros al año. Pero para el miembro del Secretariado de la organización convocante, Juan José Yañez, no es suficiente: “Ese 5,26% está muy lejos del objetivo de restablecer el equilibrio entre las obligaciones y los derechos de todo empleado”, ha señalado esta mañana.
Desde 2009, la gran reforma de la Administración de Justicia “se apoyó en nosotros para agilizar y modernizar el funcionamiento de las oficinas judiciales trasladándonos muchas de las competencias que antes eran de los jueces”, afirma Yañez Pena. Pero lamenta que 12 años después, su sueldo no se ha adecuado a estas nuevas funciones.
“Un LAJ de tercera categoría (Grupo A1, que ha superado una oposición de 267 temas), con siete días de guardia incluidos, son poco más de 1.800 euros. La retribución de una hora de guardia de un LAJ no supera el euro, y por una diligencia de entrada y registro a cualquier hora del día o de la noche, se abona menos de un euro la hora, y si ni siquiera se está de guardia, se abonan 30 euros, con independencia de que estas puedan durar hasta doce horas”, afirma la UPSJ en un comunicado.
Además de la mejora salarial, los LAJ reclaman una negociación colectiva propia. “Nuestros sindicatos no se incluyen en las mesas de negociación”, asegura Yáñez, quien afirma que las cuestiones que les afectan profesionalmente se están discutiendo por los sindicatos generalistas que no defienden sus intereses. “No tenemos posibilidad de acceder a esas mesas por nuestro escaso número y pedimos una unidad electoral propia”, argumenta.
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